Con o sin atenuantes
LA EXPERIENCIA indica que tanto el Plan de Empleo Rural (PER) como los que le precedieron -y casi cualquier sistema de subsidio rural imaginable- se prestan al fraude, por una parte, y a la exculpación del mismo en nombre de consideraciones humanitarias, por otra. La justicia debe pasar por su cedazo los casos denunciados. Podrá, en su caso, apreciar circunstancias atenuantes y hasta eximentes, pero nunca convalidar el delito y amparar la impunidad. El asunto ha vuelto a plantearse con motivo del juicio, iniciado ayer en Granada, contra 28 jornaleros acusados de estafa por haber cobrado indebidamente el subsidio, y el ex alcalde de la localidad granadina de Padul, acusado de haber facilitado ese fraude certificando trabajos no realizados.El PER, como antes el Plan de Empleo Comunitario, aspira a compaginar la concesión de subsidios a los trabajadores del campo de las zonas más deprimidas con la exigencia de un esfuerzo por parte de los beneficiarios en la búsqueda de trabajo. El objetivo es evitar su acomodo a la situación de parados permanentes. A tal fin, se estableció que para poder percibir el subsidio -de unas 220.000 pesetas anuales- los beneficiarios tendrían que demostrar haber trabajado al menos 60 jornadas anuales, bien en el campo, al servicio de particulares, bien en trabajos de infraestructuras, relacionados con el medio ambiente, etcétera. Los alcaldes están capacitados para firmar los trabajos de este tipo realizados.
El sistema se presta a producir efectos perversos. Por una parte, se da la paradoja de que son excluidos de la ayuda las personas que en teoría más la necesitan: aquellas que ni siquiera pueden trabajar el equivalente a dos meses al año; pero esa circunstancia constituye una coartada para que la autoridad municipal administre políticamente -de manera clientelar- su facultad para certificar esas jornadas. Ello no significa necesariamente que tal cosa ocurra, pero sí que las circunstancias favorecen comportamientos fraudulentos. También se han dado casos de personas contratadas por salarios inferiores al mínimo a cambio de obtener del patrón las ansiadas firmas.
Los 28 jornaleros ahora juzgados son una pequeña parte de los 400 que en su día se autoinculparon de haberse beneficiado de las falsas certificaciones del alcalde (el cual, por su parte, amplió la cifra a 1.400). La investigación ha revelado que las circunstancias económicas y familiares de los supuestos beneficiarios distan de ser homogéneas. Y si en algún caso puede hablarse de estado de necesidad, tal consideración es manifiestamente inadecuada en otros, a juzgar por los testimonios aducidos por el fiscal. Corresponde al juez -y no a los políticos que acudieron al juicio para respaldar a los procesados y dejarse ver en estas vísperas electorales- sopesar esas circunstancias.
