Polémica en el Reino Unido por una planta de reprocesamiento nuclear
Greenpeace cree que incrementará la contaminación de la zona en un 1.000 %
La licencia gubernamental de apertura que acaba de recibir una planta de reprocesamiento de combustible nuclear ya utilizado para extraer plutonio y uranio, ha desatado un polémica en el Reino Unido, por los riesgos pata el medio ambiente. Según la organización ecologista Greenpeace -que esta, semana recurrirá al Tribunal Supremo contra la concesión de la licencia- su explotación incrementará en un 1.000% la contaminación ambiental.La nueva planta, dentro del complejo de la central nuclear de Sellafield, al noroeste de Inglaterra, ha sido bautizada como THORP (Toermal Oxide Reprocessing Plant). Greenpeace pedirá al Tribunal Supremo que ordene una investigación pública para esclarecer la relación entre los costes y beneficios de la planta.
De prosperar dicha demanda, THORP tendrá que retrasar su puesta en funcionamiento prevista ahora para el próximo 17 de enero. Los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura se verán además obligados a revelar todos los datos acerca del proyecto que, según Greenpeace, mantienen aún ocultos.
"En las dos encuestas anteriores donde más de 100.000 personas se opusieron a la presencia de Thorp, faltó un análisis independiente", afirma el grupo ecologista, para el que "el Gobierno subrayó los beneficios económicos del proyecto pero sin - contrastarlos con el coste humano que conllevan".
Los datos revelados por Greenpeace señalan que las emisiones radiactivas de THORP afectarán a todo el país.. "En los 10 primeros años de actividad [la vida de la, planta está calculada en un cuarto de siglo] será la causante de 600 de las 2.000 muertes previstas como consecuencia de las actividades de la central nuclear de Sellafield, donde se enclava. Generará además plutonio suficiente para producir 5.000 bombas atómicas" añaden.Pesadilla
En su libro sobre la planta (THORP, la pesadilla de Whitehall, 1993), el autor británico Crispin Aubrey va aún más lejos. Sostiene que desmantelar el complejo cuando su contaminación interna lo haya convertido, en basura radiactiva, "costará 180.000 millones de pesetas, que deben sumarse a los 600.000 millones de pesetas derivados de su puesta a punto".
Otras críticas provienen de los gobiernos de Irlanda, cuyas aguas se sitúan frente a la central, y Dinamarca, que quieren saber si las actividades de THORP Incrementarán el riesgo del transporte de residuos radiactivos regulados por las directivas europeas. Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Holanda han recordado las recomendaciones internacionales sobre control de la contaminación marina.
Para sus defensores -los ministerios británicos de Medio Ambiente y Agricultura y British Nuclear Fuel Limited (BNFL), la empresa estatal propietaria de THORP-, se trata de un negocio saneado.
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