Cierre total de cines contra el Gobierno y los productores

Todos los cines de España cerraron ayer en protesta contra el decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 10, y que contiene las medidas urgentes del audiovisual. El frente común establecido por distribuidores y exhibidores cinematográficos, que se oponen al sistema de licencias de doblaje y cuotas de pantalla que el nuevo texto regula, utilizó su arma más ruidosa -el cierre de salas un día antes de que el decreto-ley pase a ser discutido en el Congreso de los Diputados. Éste debe revalidar hoy el decreto ley; algo que el Gobierno tiene ya garantizado con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Convergéncia i Unió (CiU), que pedirá que el texto se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá al resto de partidos introducir enmiendas para su discusión. El Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) defenderán en el Parlamento la elaboración de una normativa Lylobal del audiovisual.

Nuevas licencias de doblaje y cuotas de pantalla son las medidas de protección dictadas por el Gobierno para defender el cine comunitario del predominio de filmes estadounidenses. Las licencias, instrumento indispensable para poder doblar al castellano las cintas norteamericanas salen, con el nuevo decreto más caras a las distribuidoras, que antes obtenían la primera con sólo adquirir una película comunitaria (la primera se obtiene ahora al recaudar 20 millones con un filme comunitario). Las cuotas de pantalla -los cines deben programar un día de cine comunitario por cada dos de estadounidense- se mantienen en las ciudades de más de 125.000 habitantes. Ambas medidas han despertado las iras del sector.Ayer, según señalaron los representantes de los exhibidores españoles, el cierre de salas fue seguido "unánimemente" en toda España. Los espectadores despistados que se acercaron a alguna de las 1.807 salas que están censadas en el territorio español se encontraron con las rejas bajadas y un cartel escueto: "Hoy no hay sesiones. Como señal de protesta al no estar de acuerdo los colectivos de exhibídores y distribuidores de cine con las medidas que el Gobierno ha impuesto con el Real Decreto-ley 19/93. Dichas medidas coartan la libertad del público". En Madrid y Valencia, la jornada coincidió con el día de descanso de las filmotecas de estas comunidades. En Barcelona, el cine Aquitánia, sede de la Filmoteca, dio algo de solaz a los cinéfilos.

En la misma'ciudad fueron escasas las personas que se acercaron ayer a un cine, informa Núria Quintana. En su mayoría eran curiosos que querían ver cómo se desarrollaba la jornada de cierre. Los pocos que no se habían enterado de la medida reaccionaron con resignación. Un matrimonio de jubilados que pretendía ver el nuevo filme de Clint Eastwood, Un mundo perfecto, incluso se mostró de acuerdo con las razones del cierre de los cines. "A nosotros, lo que nos gusta es el cine americano", señalaron.

"El cierre es desproporcionado y simbólico. Muestra un talante neoliberal febril", afirmó ayer Felipe Alcaraz, diputado de Izquierda Unida, partido, cuya postura ante el decreto estará hoy entre la abstención y el voto afirmativo". Alcaraz, en todo caso, afirmó que el voto afirmativo estaría condicionado a la aceptación de la elaboración de una ponencia que regule todo el sector audiovisual.

Salvador Clotas, portavoz de cultura del PSOE, y Francesc Homs, diputado de CiU, confirmaron ayer los votos favorables de sus respectivos partidos, lo que permite matemáticamente la convalidación del decreto-ley. Homs, cuyo partido ha tenido una decisiva intervención en la elaboración de la normativa con la introducción de cláusulas que favorecen el doblaje a las lenguas minoritarias, anunció ayer que su partido solicitará que el texto se tramite finalmente como proyecto de ley, petición que será respaldada previsiblemente por el resto de partidos de la oposición. Ello permitirá la presentación de enmiendas al decreto.

El PP se manifestó ayer partidario de la redacción de un proyecto de ley que regule todo el sector audiovisual. El decreto presentado por el Gobierno es, según afirmó el portavoz de cultura del PP, Miguel Ángel Cortés, "más de lo mismo de la política desarrollada por los diferentes Gobiernos socialistas, que ha llevado al desastre al cine español". Cortés criticó a la ministra de Cultura, Carmen Alborch, por actuar como un "bombero pirómano" que primero crea el problema y posteriormente acude a atajarlo. "Sólo si se decide no convalidar el decreto e ímpulsar un proyecto de ley sobre el cine votaríamos a favor", anunció Cortés. La solución en que previsiblemente coincidirán el PSOE y CiU -convalidación y trámite más lento, como proyecto de ley- decidirá el voto abstencionista del PP.

Cortés señaló que, según datos del Ministerio de Cultura, entre, 1982 y 199 1, de las 714 películas producidas, 72 ni siquiera llegaron a estrenarse, y otras muchas se estrenaron sólo para cubrir el expediente: hay casos de películas subvencionadas con 50 millones de pesetas que han obtenido en taquilla 13.800 pesetas; es decir, no las han llegado a ver ni 30 personas".

Ninguno de los partidos consultados por este diario se mostró a favor del cierre de salas. El representante socialista Salvador Clotas afirmó: "La realidad es que los exhibidores no pueden programar libremente. La exhibición está cautiva de unos intereses hegemónicos del mercado". Distribuidores y exhibidores emitieron ayer un comunicado en el que criticaban el "secretisino" con que se había elaborado el decreto, y levantaban la voz de alarma sobre el posible desabastecimiento de licencias para doblaje de filmes estadounidenses.