Una economía muy informal

Como asegura más de un experto, el trabajo sumergido en España ya no es negro sino gris. La economía formal y la informal se han convertido en actividades complementarias. La primera utiliza a la segunda como complemento funcional y de flexibilidad. "¿Cómo es posible entonces delimitar cuando el producto final es enteramente clandestino o enteramente legal?, se preguntan algunos economistas. ¿Es posible aventurar a cuánto asciende la economía informal en términos de Producto Interior Bruto (PIB)?, vuelven a cuestionarse.Datos recientes publicados por la revista The Economist adjudican a España un 25% de economía sumergida en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Sólo Grecia supera el índice de clandestinidad español de entre un grupo de 13 países, al alcanzar un 30% de producción oculta. Italia y Portugal siguen a España con unos niveles de economía irregular del 20% sobre su PIB.

La última medición que realizó el Gobierno español para conocer el grado de economía informal del país data de 1988 y se sustenta en el estudio que el Ministerio de Economía publicó en 1985 bajo el título de Condiciones de Vida y Trabajo en España. La conclusión fue reveladora: un 29% de los ocupados españoles, es decir, más de tres millones de personas, trabajaban en condiciones irregulares. De éstos, un 80% del total adquirían tal categoría por no cotizar a la Seguridad Social.

El estudio del fenómeno dio lugar, a finales de los años 70, a cuatro escuelas o líneas de investigación: cuantitativa, fiscal, cualitativa y teórica. Expertos de la Comunidad Valenciana (Bernabé, Miguélez, Sanchis e, Ybarra), abanderaron la corriente cualitativa. Una década después, la Comunidad Valenciana se ha convertido en paradigma de la economía irregular en España. La economía sumergida se sitúa en esta autonomía entre el 25% y 30% de la producción final, y afecta a casi un 21% de la población asalariada, según un estudio sobre Condiciones de vida y trabajo, editado por la Generalitat valenciana en 1991.

El fenómeno está, sin embargo, ampliamente extendido por toda la geografía española. En restaurantes andaluces no es extraño que el personal del local pregunte amigablemente al cliente si desea la factura en tren (con IVA) o en avión (sin él). En Madrid, las papelerías pueden acudir a los almacenes de mayoristas y realizar sus compras sin la inclusión del impuesto.

El estudio de la Generalitat valenciana pone de manifiesto que los cónyuges del cabeza de familia presentan el mayor índice de irregularidad (un 42%), lo que evidencia el papel subsidiario de buena parte de las mujeres en la obtención de ingresos para la unidad familiar.

Estudios que han analizado el fenómeno desde el punto de vista tributario advierten que la proliferación del trabajo oculto agrava el déficit público, ya que el Estado ingresa cada vez menos, mientras los gastos no disminuyen, sino que incluso crecen. Del gasto público se benefician los trabajadores irregulares que utilizan los servicios de la Seguridad Social o la enseñanza pública, sin contribuir. La permisividad social de la que disfruta la economía sumergida parece ser lo único que la diferencia del fraude.

Josep-Antoni Ybarra, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante y estudioso del fenómeno desde 1975, explica que la fiebre de la cuantificación de la economía informal pasó, "y ahora, si se hace algún comentario, carece de importancia si lleva el quantum". Desde el punto de vista de la política económica, Ybarra defiende que la economía oculta se ha convertido en "un banco de pruebas", a través del cual se experimentan los cambios más importantes del actual sistema socioeconómico. "Se estudia la posibilidad de transferir al campo de las relaciones laborales legales los aspectos más positivos de la economía sumergida", argumenta Ybarra. "Antes, había un cierto temor a lo que se conocía como fiscalía [inspección]", señala Ybarra. "Ahora la actitud del empresario clandestino descubierto en falta es la de decir: 'Tenga usted las llaves y sepa que destruye 20 empleos".

Según explica Ybarra en un artículo publicado en el libro La otra economía (Alfons El Magnànim-IVEI, 1988), "la economía oculta es el gran argumento del liberalismo español para demostrar la inadecuación de la política económica a la realidad". Y prosigue: "Las exigencias de flexibilidad y de aminoramiento de cargas, fiscales y laborales, serían los ejes principales para la emersión en este discurso neoliberal".

Miembros de la escuela valenciana consideran erróneo afirmar que un aumento de la economía sumergida implique la existencia de menos desempleo. Tampoco está científicamente claro que cuando se incrementa la producción oficial se reduzca la sumergida, o viceversa. Y se utiliza porque es más barato producir en condiciones sumergidas que emergidas.

Aurelio Martínez, consejero de Economía de la Generalitat valenciana y director del Departamento de Economía de la Presidencia del Gobierno hasta mediados de 1993, define la economía sumergida como un cajón de sastre donde se incluye todo lo que no es oficial y se encuentra al margen de las leyes.

Para Martínez, el trabajo oculto siempre ha existido, pero comienza a ser un problema cuando supera "un volumen que podríamos calificar como normal". A su juicio, la eclosión de la economía sumergida se produce en España en tomo a los años 70 debido al incremento de la presión fiscal y a la pérdida de competitividad de determinados sectores. "Frente a estos dos elementos, los empresarios segmentan las actividades y las sumergen, evitando así desde negociar salarios hasta pagar impuestos", argumenta.

Se establece un círculo vicioso. La proliferación del trabajo irregular genera una competencia desleal que afecta a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones impositivas. La existencia de este circuito extra oficial sirve, a su vez, para que otros tantos empresarios justifiquen el desvío de parte de su producción oficial hacia el terreno de la economía oculta, asegura el consejero.

Esta práctica tiene dos efectos inmediatos: se evaden los pagos a la Seguridad Social y, desde el punto de vista fiscal, se recauda menos y hay más fraude. "Estos empresarios trasladan la carga social al resto de la sociedad", afirma Martínez. "Competir a base de precios es una salida hacia atrás. España debe olvidarse de que puede competir con Taiwan, porque hipoteca su futuro".

La Administración asegura que la década de bonanza económica de los años 80 ha mitigado el problema, ya que el crecimiento tiende a aflorar empresas. El consejero cree que un segundo elemento importante es la concienciación sindical. "La economía sumergida siempre será entendida por los sindicatos, sobre todo, en momentos de crisis", sentencia.

Proliferación de sectores

Sobre el trabajo negro, oculto, irregular, informal, subterráneo..., así hasta completar una larga lista de denominaciones bajo las que se conoce el fenómeno, existen muchas más versiones. Actividades económicas como la agricultura, la hostelería, la construcción, la, confección, el calzado y el juguete son caldo de cultivo para la proliferación del trabajo irregular. "Es imposible pasar desapercibido cuando realizas inversiones de 100 millones de pesetas", confiesa Ricardo Cardona, presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Región Valenciana, organización vinculada a la patronal CEOE.

Antonio Román, presidente de la Asociación de Empresarios de la Confección de Valencia, asegura que ni siquiera la economía sumergida es interesante para este sector. "Las importaciones son abundantes y no hay manera de competir con países como Vietnam que paga a 10 centavos (unas 13 pesetas al cambio) la hora de trabajo", describe el empresario. "Esta competencia", agrega Román, "ha provocado muchos cierres de empresas legales". "Si tenemos que competír con países subdesarrollados", agrega el industrial, "tendremos que produ cir de forma tercermundista". Para Rafael Calvo, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), la economía sumergida es difícil de cuantificar, aunque estima que el 30% de la producción en este sector es irregular. En opinión de Calvo, el marco legal no ha permitido a la industria del calzado desenvolverse suficientemente. "Cuando el fabricante observa que si cumple religiosamente la ley es imposible ser competitivo, se produce una progresiva desaparición de empresas solventes en el sector del calzado", describe el presidente de FICE.

Por otro lado, Calvo argumenta que la economía sumergida no es un privilegio de España. "En Italia se practica con la misma o mejor soltura que aquí", matiza. Las únicas soluciones para que la industria del calzado sobreviva son, a juicio de Calvo, flexibilizar la jornada, que debe pactarse anual y no semanalmente -existen 90 días al año en los que no hay casi actividad, según Calvo-, y liberar al empresario del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante los meses de inactividad. La flexibilidad laboral es otra demanda que considera imprescindible.

Pascual Pascual, dirigente de Comisiones Obreras en Elche (Alicante), una de las ciudades donde abunda la economía sumergida, manifiesta que la actividades se sumergen para mantener el nivel de beneficios. "Las empresas comercializadoras son las que se han llevado el gato al agua", explica el sindicalista. "Algunas de ellas", prosigue Pascual, "que figuran en los primeros puestos del ránking de exportadores, apenas tienen plantilla". Según el representante sindical, la función de estas empresas se limita, en ocasiones, a poner cordones al calzado, a etiquetar o a empaquetar.

La economía sumergida no es como la droga donde todo es clandestino. Se da en el inicio y en las fases intermedias, pero no en el final, advierte el responsable sindical. "Aquí sí que hay un culpable y es la empresa que abre las puertas a la economía sumergida para ser más competitiva", acusa. Tanto UGT como CC OO han optado por la emersión incentivada de empleo clandestino y descartan que las medidas represoras logren aflorar la tupida red que conforma la economía informal en España.