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UN DEBATE POR EL EMPLEO

10 años en el 'sótano'

Juan y Margarita trabajan desde hace más una década al margen de la ley

Cristina Vázquez

Juan y Margarita son las dos caras de la misma moneda en el circuito de la economía irregular. Él dirige un taller semi-clandestino de calzado y ella es una de las ciento de aparadoras -cosen las piezas de piel que después se unen a la suela- clandestinas que existen en Elche (Alicante).Margarita, de 39 años, trabajó hasta los 23 años -edad en la que se casó- en una empresa de calzado aparando zapatos. Abandonó entonces su empleo y se convirtió en una trabajadora clandestina a domicilio. Ahora realiza hasta 60 horas semanales a cambio de salarios que oscilan entre las 10.000 y las 20.000 pesetas.

Aportó a esta singular relación laboral la máquina de aparar que heredó de su madre. Confecciona unos 40 o 50 pares de piezas a diario porque "el dinero hace falta en casa", confiesa.

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Juan G. M, un empresario de 38 años, pasó de ser un dirigente sindical al que ningún empresario daba trabajo a convertirse en uno de ellos. Posee un taller semi-clandestino, situado a las afueras de Elche, dedicado exclusivamente al corte de la piel en piezas. Sólo la mitad de sus empleados están dados de alta en la SS.

"Dar de alta a seis o siete trabajadores en la Seguridad Social representa pagar 40.000 pesetas por cada uno durante doce meses, lo que significa destinar todos los beneficios del taller al pago de las cuotas sociales", argumenta.

A juicio de Juan, el problema del clandestinaje arranca de mediados de los años 70, momento en el que el sector del calzado pedía a gritos una reconversión que no se llevó a cabo. "Lo impidió la coyuntura política española. Las luchas sindicales se orientaron más hacia el derribo de la dictadura que hacia el futuro de los sectores. No hubo reconversión, aunque sí muchos cierres".

"El empresario sólo conservó en propiedad sus marcas comerciales y quien le hacía los zapatos eran los empleados que había dejado en la calle, agrupados en distintos talleres", asegura el empresario. "Así empecé yo y muchos otros", afirma Juan. La aplicación en España del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asestó un duro golpe a la economía irregular. "Muchos talleres clandestinos se dieron de alta con los requisitos mínimos que marcaba la ley", recuerda el industrial.

"Un empresario, aunque quiera, no puede pagar más. Los pagos a la Seguridad Social hacen imposible la emersión", se queja. "La solución", añade, "es flexibilizar la jornada y los despidos", propone rotundo. "La Administración no hace nada y los sindicatos son muy reticentes y con razón", apunta, "porque la cultura empresarial es pobre y se da mucho el abuso".

Juan reconoce tener problemas de conciencia por su condición de semi-clandestinaje, pero "no hay opción: o se trabaja así, o es gente parada y falta de ingresos para la nación", sentencia.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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