El cambio de verdad

Hay transformaciones que están conmoviendo ya los cimientos de la sociedad española, sin haber penetrado todavía en la programación mental de las gentes. Tampoco ha penetrado en las conciencias la irreversibilidad de esos procesos.El Estado, ya, sea del bienestar o de las autonomías, está destinado a desaparecer si no es capaz de suministrar un volumen determinado de bienes y servicios con un coste y calidad pertinentes, en un tiempo prefijado. La compartimentación de la economía mundial había permitido que subsistieran Estados como la Unión Soviética, que suministraban un volumen insuficiente de bienes con costes desproporcionados, de calidades inaceptables y además, parsimoniosamente, como ponían de manifiesto las colas interminables de sufridos ciudadanos. Situaciones así son insostenibles en pleno proceso de globalización de la economía.

La desaparición paulatina de las fronteras físicas, arancelarias, técnicas y fiscales coloca también al Estado español, y no sólo a sus nacionales, en el ámbito de la competitividad. La internacionalización de los procesos productivos desbanca del mercado mundial a los sectores públicos ineficientes, y somete a los Estados que no son capaces de garantizar las condiciones en las que puedan prosperar sus sectores productivos a una presión que acabará desplazándolos.

Los agentes económicos individuales, enfrentados a solas al mercado mundial, se revuelven unánimes, primero contra aquellos Gobiernos a los que consideran responsables de su propia falta de competitividad, y después contra la forma de Estado que le ampara.

La tecnología moderna, que debe asegurar la supervivencia de cualquier producto en los mercados internacionales, comporta una componente privada, informal, fruto de la experiencia propia, implícita en el producto y dificil de transferir, que corre a cuenta, exclusivamente, del empresario. Pero comporta también una componente pública, en forma de consumos colectivos que van desde. la información a la ciencia básica o infraestructuras que son competencia del Estado. Cuando la componente pública falla, como es el caso de España en estos momentos, no tiene más remedio que arremeter contra el establecimiento político en busca de un socio más eficaz. Lo ocurrido en los países del Esté, en la propia Italia, Francia, y el cuestionamiento generalizado de la política convencional, no son más que indicios de las previsibles transformaciones del Estado impuestas por el proceso de globalización económica.

A título de ejemplo, es previsible que las funciones tradicionales de beneficencia y fomento del Estado español cederán protagonismo en favor de las políticas encaminadas a garantizar que la integración en la economía mundial no se efectúa en condiciones ruinosas. En la actualidad es irrisorio el esfuerzo estatal orientado a la negociación y defensa de los intereses de España en la economía global, y están sobredimensionados la burocracia y los recursos públicos dedicados a los cometidos heredados del pasado. El refuerzo necesario de la capacidad negociadora del Estado con los protagonistas de la economía mundial, con ser importante, no es más que una muestra modesta de los cambios que se avecinan.

La insistencia de los líderes políticos en los programas exclusivamente, cuando son los procesos los que importan, revela otro cambio fundamental de la sociedad actual. En la era posideológica, los objetivos y programas o están consensuados desde una perspectiva lógica, o bien se desconocen. En ambos casos, todo depende del funcionamiento concreto de los procesos de cambio. La convergencia de los países comunitarios hacia una Europa cuyo perfil final se desconoce es un ejemplo claro de proceso con objetivo no precisado. Una de las características de los proyectos complejos es, justamente, el elevado grado de incertidumbre interna a la hora de estimar costes y fijar objetivos. Lo relevante no consiste tanto en saber si al final del trayecto habrá una Europa ampliada o restringida a 12 miembros, como en sortear los avatares del proceso de integración.

Un ejemplo de programa conocido y consensuado desde una perspectiva lógica al que sólo le faltan los procesos para asimilarlo es la política económica necesaria para crear empleo. La mesa redonda de empresarios europeos definió razonablemente ese programa: invertir en recursos humanos, en infraestructuras y redes de información, en ciencia y tecnología, en medio ambiente y en la apertura al exterior. ¿Quién se atrevería a negar que un programa así generaría, efectivamente, nuevos puestos de trabajo? Pero ésta no es la cuestión. Lo importante es conocer los procesos concretos que permitan la instrumentalización del programa del modo más eficiente.

Las ideas, como las nuevas tecnologías, no se compran, sino que se asimilan. Y es en el proceso de asimilación donde se producen las distorsiones que dan al traste con los cambios necesarios.

Centrar los esfuerzos públicos y privados en los procesos de asimilación implica renunciar a gobernar por decreto y recurrir, en mucha mayor medida que en el pasado, al diseño de sistemas, de nuevos cauces de participación y de políticas de comunicación. El balance de la sociedad española en estos tres campos es desalentador, ya sea en el sector público o en el privado. Mientras siga esta situación, no se alcanzarán los niveles de creatividad necesarios para que la convergencia se efectúe sin traumas.

El carácter depredatorio de las administraciones públicas y los elevados índices de incertidumbre de las épocas de transición están mermando la disponibilidad de fondos de inversión para empresas productivas, que comportan un riesgo y un esfuerzo. Las demandas de integración social, por otra parte, y el servicio de la deuda contraída en un pasado nada previsor, forzarán un cambio radical de las políticas de inversión e innovación.

Las nuevas inversiones sólo podrán cristalizar cuando se hayan agotado al máximo las posibilidades de innovar que ofrecen los factores ya disponibles. De ahí la necesidad de reordenar los procesos productivos, generar economías de flexibilidad gestionando con eficacia la diversidad impuesta por el desarrollo tecnológico, identificar la mezcla óptima de investigación básica y aplicada, apurar inventarios, recurrir a los conocimientos disponibles para optimizar la gestión o la formación profesional. Se trata de agotar todas las vías de me jora antes de proceder a una nueva inversión. La cultura del remiendo calculado irá sustituyendo a la cultura del pelotazo y, sobre todo, se impondrá la solución de desarmar a las bu rocracias, acostumbradas a malgastar cartuchos ajenos en salvas y fuegos artificiales.

Por último, uno de los problemas graves a que condujo la especialización en la industria, tanto en España como en otros países, fue la falta de coordinación entre los distintos responsables implicados en el proceso de producción.

El gran problema de muchas empresas es que sus departamentos de diseño y planificación determinan, con sólo un 20% de la inversión global, el 80% de los futuros procesos de producción, sin que intervengan en la decisión inicial los representantes de la planta de producción, ni los responsables de lidiar con el público a través del servicio de ventas y distribución. Un producto perfectamente diseñado puede no encajar en los moldes físicos y mentales de la planta de producción, ni satisfacer las exigencias específicas de la clientela. Los japoneses pusieron a punto técnicas para paliar este problema, que denominaron de Integración de las islas, definiendo así a los distintos departamentos no suficientemente interrelacionados. Un fenómeno parecido ocurre en el Estado español.

En el departamento de diseño y planificación de España, constituido básicamente por el Gobierno y su cómplice el Congreso, se toman decisiones continuas que comprometen un 80% de las modalidades del proyecto colectivo, sin que la planta de producción -constituida por una población activa esquilmada y sin preparación- sepa a qué atenerse. Lo que llega ulteriormente a los parados, pensionistas, jóvenes, familias y asociaciones a través de los ministerios distribuidores rara vez cumple las exigencias mínimas.

Se puede alegar que, a través de las encuestas casi permanentes para explorar el estado de opinión, el Gobierno conoce hoy las exigencias de la sociedad española. La respuesta es que, efectivamente, a través de este conocimiento aleatorio se modifican los programas, pero se dejan intactos los procesos y mecanismos de decisión.

La realidad es que España necesita, en mayor medida que muchas industrias y muchos países, la Integración de sus islas, de manera que el Gobierno, la población activa y la sociedad en su conjunto puedan trabajar coordinadamente y no el uno contra el otro. Esta coordinación, y la consiguiente reforma de los mecanismos de decisión, no es irrelevante en un mundo en el que hay que gestionar la incertidumbre sin planificación aparente. Al contrario, precisamente por ello, es más necesaria que nunca.

Eduardo Punset es eurodiputado y presidente de FORO.