El Gobierno de Roma se quedó aislado en los últimos atentados
La noche del pasado 27 de julio, cuando estallaron las bombas de Milán y Roma, la sede del Gobierno italiano permaneció aislada telefónicamente con el exterior durante dos horas y media, y tampoco pudieron establecerse comunicaciones entre números internos. El primer ministro, Carlo Azeglio Ciampi, tuvo que utilizar un teléfono celular privado para coordinar la situación. En el Palazzo Chigi sólo funcionaba la línea que enlaza directamente con el Ministerio del Interior, controlada por este departamento.La noticia la confirmó ayer, en declaraciones al Corriere della Sera, el propio titular de Interior, Nicola Mancino, quien dijo que se han abierto investigaciones para averiguar si pudo tratarse de un problema técnico.
La inquietud del jefe del Gobierno creció al saber que la avería, "o no", provenía del exterior. Al margen de la propia colocación y estallido de las bombas, este episodio pudo contribuir a precipitar el cese decretado por Ciampi del jefe de los Servicios Secretos, y la promesa presidencial del pasado lunes, en la conmemoración del décimotercer aniversario de la matanza de la estación de Bolonia de que los servicios serían reformados.
Al día siguiente, el presidente de la comisión correspondiente del Parlamento presentó ya un texto de esa reforma, que incluía la reducción del secreto de Estado y la unificación de la responsabilidad sobre los servicios militares y civiles.
Palacios embargados
Por otra parte, la magistratura italiana se ha incautado de varios palacios del siglo XVIII, propiedad de la familia Ferrúzzi, cuya cabeza visible, el financiero Raul Gardini, se suicidó el pasado 21 de julio ante la investigación abierta contra él por corrupción en el denominado caso Enimont. Los acreedores de Montedison SpA, que se han hecho con el control del complejo industrial que dirigía Gardini, lograron una autorización judicial el pasado martes para proceder al embargo de bienes de la familia Ferruzzi y de otros dos ex directivos de la firma por valor de 45.000 millones de pesetas.También ayer, y en medio de un gran altercado, la Cámara de Diputados italiana levantó la inmunidad parlamentaria al ex ministro de Trabajos Públicos, el democristiano Gianni Prandini.
