Manos a la obra

HACE APENAS tres semanas, los mensajes electorales del partido del Gobierno anunciaban el próximo final de la recesión. Ahora, el propio presidente en funciones admite, desde Copenhague, que la recuperación tardará. Ese mayor realismo tiene su base en las desfavorables previsiones de crecimiento de la Comisión Europea y, desde luego, en las más recientes conclusiones del último Consejo Europeo de Copenhague sobre las consecuencias de la crisis en el empleo.A perfilar los rasgos de ese cuadro recesivo han contribuido la divulgación, también durante esta semana, del informe económico del Banco de España, y en especial el discurso de su gobernador. Otras instituciones nacionales e internacionales también han insistido en la significativa pérdida de capacidad competitiva de las empresas españolas y en las dificultades para paliar el deterioro del mercado de trabajo. Esa lamentable coexistencia de la recesión de la economía, generadora de un ritmo de crecimiento del desempleo superior al de las restantes economías industrializadas, con el mantenimiento de tensiones inflacionistas, obliga a que las acciones de política económica no se limiten al fomento del crecimiento, sino que atiendan con mayor prioridad a la eliminación de los obstáculos que se interponen a la reducción de los desequilibrios clásicos de la economía española: a la equiparación con las condiciones de estabilidad presentes en los países con los que la economía española mantiene un elevado y creciente grado de integración. Ésa es la condición para garantizar avances efectivos en la competitividad de la economía española.

Las reformas estructurales que precisa nuestra economía no encuentran su mejor marco en la actual situación política. El próximo Gobierno habrá de llevar a cabo sin demora las acciones que el anterior dejó enunciadas en un programa de convergencia cuyas orientaciones siguen siendo válidas pese a que algunas de sus hipótesis hayan quedado obsoletas. Incluso cabe decir que los efectos de la crisis hacen más urgentes las reformas allí planteadas en orden a eliminar las rigideces en el funcionamiento de los mercados, adecuar las regulaciones de algunos sectores protegidos, propiciar la adecuación y formación de los recursos humanos o reformar la Administración pública, ejes de cualquier intento de recuperar competitividad. Un acuerdo con las fuerzas sociales y económicas que permita una contención de las rentas y las necesarias reformas en el mercado de trabajo es otra de las prioridades de ese nuevo Gobierno que nadie pone hoy en duda. La actitud más dialogante de los principales sindicatos, acorde con el agravamiento del paro, es una buena señal al respecto.

La tercera tarea que habrá de acometer el nuevo Gobierno es el diseño de una política presupuestaria que permita atajar el rápido deterioro en las cuentas públicas. Se acaba de conocer que en los cinco primeros meses de este año el déficit público ha rebasado la cifra del billón de pesetas, magnitud equivalente al objetivo inicialmente establecido para el conjunto del año. El rigor en las finanzas públicas, además de una necesidad determinada por esa preocupante evolución, constituirá la señal que garantice la estabilidad de los mercados financieros y, en concreto, que permita los necesarios descensos en los tipos de interés, sin volver a poner en peligro la estabilidad del tipo de cambio de la peseta.

Las reacciones de los mercados financieros -las importantes ventas de deuda pública y la depreciación de la peseta, el viernes- tras las calabazas de Pujol a González son suficientemente expresivas. Se hace dificil, en este contexto, comprender la actitud cuando menos egoísta de algunas fuerzas políticas que niegan su contribución a garantizar ya no la genérica gobernabilidad del país, sino el apoyo a esas acciones prioritarias que habrían de constituir el denominador común de los programas de gobierno.