La banca autónomica tropieza con la ley

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) invalida la creación de bancos públicos en el País Vasco y Cataluña al anular su principal finalidad, es decir, la de actuar como bancos centrales autonómicos en la gestión de los coeficientes de caja de las cajas de ahorro. Estos coeficientes obligatorios, hoy administrados por el Banco de España y cuya gestión reclaman las autonomías, ascienden a 200.000 millones de pesetas en Cataluña y superan los 50.000 millones en el País Vasco. La sentencia, dictada en octubre de 1992, desestimó sendos recursos de los Gobiernos vasco y catalán contra la ley de 1985 sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, cuyo desarrollo regula la actividad financiera nacional.

El fallo del alto tribunal se sustenta en el hecho de que los coeficientes de caja "constituyen un aspecto esencial de la ordenación del crédito y por lo mismo una medida indudablemente incluida en las competencias del Estado". La sentencia, que fue interpretada como un tecnicismo en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se convierte ahora en un escollo difícilmente salvable para los proyectos vasco y catalán.

Hasta este momento, ni el Ejecutivo vasco (con la mayoría del PNV y el voto en contra de los consejeros socialistas) al aprobar un proyecto de ley para la creación del Banco Público de Euskadi, ni el Gobierno catalán al hacer público un proyecto similar, se han referido a la sentencia, indudablemente conocida. Para los nacionalistas catalanes la desestimación de un recurso por parte del TC es un aspecto formal que puede ser salvado. El consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, reiteró ayer mismo que el estudio sobre el banco público catalán lo prevé todo, luego vendrá la decisión política", añadió.

El fallo del TC desestima los recursos presentados por los nacionalistas en agosto de 1985 contra la mencionada ley, promulgada en mayo de aquel mismo año. Las demanda catalana se basó en la necesidad de suficiencia de recursos para financiar a las autonomías (amparada por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas -LOFCA-) y en el principio de distribución territorial del poder previsto en la Constitución, como -señala en su introducción el texto de la sentencia. El recurso vasco se fundamentó en que el traspaso de la gestión de los coeficientes a la nueva entidad pública desarrollaría el reglamento de la misma ley estatal.

La creación del banco vasco y el proyecto catalán coinciden en que las nuevas entidades públicas se atribuyan en parte la función de bancos centrales de las autonomías al gestionar una tesorería cautiva compuesta por los fondos de los coeficientes obligatorios de las cajas de ahorro. Las entidades de ahorro se encuentran bajo la tutela legislativa -supervisión, inspección y órganos de gobierno- de las autonomías por las competencias de sus respectivos estatutos.

Pactos poselectorales

En el borrador de la Generalitat se subraya que los fondos de los coeficientes "se destinarían naturalmente a cubrir las inversiones reglamentarias en deuda pública del Estado, pero paralelamente el nuevo banco podría colocar los excedentes en el mercado interbancario y socorrer también necesidades de la ejecución de los presupuestos autonómicos", señalan medios de Convergencia Democrática (CDC).

En el caso catalán, la dificultad constitucional del proyecto lo convierte en moneda de cambio para futuros pactos poselectorales, según reconocieron ayer fuentes nacionalistas. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pretendería, según esta versión, plantear como contrapartida un nuevo estatuto del Banco de España, que incluya la reformulación del consejo del banco emisor con nombramientos propuestos por la Generalitat".

Las intenciones del Gobierno vasco y el catalán seguían provocando reacciones ayer. El líder del PP, José María Aznar, se negó a aceptar el proyecto como condición para un futuro pacto de gobierno. "Yo no estoy dispuesto a gobernar España a cualquier precio, aunque gane las elecciones", declaró a la cadena SER. "Si alguien piensa que se construye el futuro creando bancos públicos nacionales, está equivocado", subrayó.

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, señaló que Pujol "ha tenido que reconocer que no tiene los detalles ni puede explicar cuáles serían sus características [del banco]",, informa Santiago Barra. Por su parte, Carlos Solchaga, ministro de Economía, insistió ayer en que el banco que pretende crear el PNV no es constitucional. "Quien tiene la última palabra no es el Gobierno vasco , sino el del Estado y no es posible que el coeficiente de caja depositado en el Banco de España pase a otro banco", manifestó Solchaga. La. gestión de los coeficientes corresponde al Gobierno, porque "son un instrumento fundamental de política monetaria y la Constitución señala que la ordenación del crédito corresponde al Gobierno central.

Un billón a interés cero

El coeficiente de caja es el dinero que bancos y cajas deben tener inmovilizado obligatoriamente a interés cero en el Banco de España. En la actualidad, el coficiente de caja tiene inmovilizados 1,03 billones de pesetas. De estos. 586.000 millones corresponden a bancos y 541.000 a cajas, según datos del 31 de abril.

El coeficiente de caja es un instrumento de regulación monetaria clásico que han utilizado todos los bancos centrales del mundo. Sirve para dar liquidez a los bancos centrales e inyectar fondos al sistema financiero o drenarlos en función de los objetivos coyunturales de la política monetaria. Actualmente la utilización del coeficiente de caja está empezando a quedar en desuso debido a la existencia de otros instrumentos, principalmente los llamados cebes, títulos que el Banco de España vende, compra y recompra a bancos y cajas para controlar la liquidez del sistema financiero en su conjunto.