Un equipo jurídico defenderá la reforma del teatro de Sagunto ante el Supremo

La Generalitat valenciana, tras la sentencia que declara ilegales las obras del teatro romano de Sagunto, ha contratado un equipo de expertos para defender la reforma ante los tribunales. El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y miembro del Consejo Valenciano de Cultura, Vicente Montés, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Santiago Muñoz Machado, encabezan este gabinete, cuya primera actuación tendrá como objetivos los de evitar la paralización de las obras y elevar el caso al Tribunal Supremo.Aunque el. director general de Patrimonio, Vicente Morera, negó que este cambio implique una desautorización del anterior equipo jurídico, Vicente Montes reconoció que se cometió un error en la anterior defensa al no incluir en el expediente administrativo un informe favorable a las obras.
El fallo fue emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La decisión, adoptada por el pleno de la sala, respondió favorablemente a un recurso presentado en 1990 por el abogado Juan Marco Molines, miembro del comité ejecutivo del PP en Valencia. La sentencia considera que las obras -iniciadas en 1990 y que están a punto de finalizar- sobrepasan los límites establecidos por la Ley del Patrimonio Histórico para las reconstrucciones y las adiciones de materiales nuevos en bienes de interés cultural.
Morera atribuyó la contratación de los des juristas a la incertidumbre que: el fallo arroja sobre la protección del patrimonio. Montes abundó en este argumento: "La sentencia pone en cuestión todo el sistema de intervención en monumentos. Es la primera vez que se interpreta desde un tribunal el alcance y significado de las reconstrucciones".
Por su parte, el arquitecto navarro Alberto Ustarroz, promotor del manifiesto en favor del proyecto de rehabilitación del teatro romano de Sagunto firmado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, cree que la decisión judicial es "injusta", informa Aurora Intxausti.
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