Política y ruinas

LAS OBRAS de restauración del teatro romano de Sagunto son ilegales, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Los jueces se acogen a una interpretación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, según la cual las actuaciones en bienes de interés cultural "sólo podrán hacerse cuando se utilicen partes originales de los mismos y se pruebe su autenticidad". Los jueces se han inclinado, pues, por el principio de mínima intervención para la salvaguarda de un monumento histórico, aunque la misma ley admite un resquicio: la posibilidad de añadir materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, siempre que tales adiciones sean reconocibles y eviten confusiones miméticas.Quizá uno de los defectos mayores que han surgido en tomo a la discutida rehabilitación fue el de situarla con presteza en el ámbito no de la estética ni de la funcionalidad, sino de la política local. Todo hace pensar que acometer unas obras de estas características exigiría previa y prioritariamente un debate público en el que el punto de vista de técnicos y políticos permitiera formarse una opinión al ciudadano. El tema no era urgente ni sencillo. Ciertamente, un criterio radicalmente respetuoso exigiría dejar los restos del teatro romano casi como un descampado, pues han sido muchas las restauraciones, los retoques y los parches que las ruinas han soportado (sólo en este siglo, cerca de cuarenta). Pero también es cierto que la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones que exigen rehabilitar un monumento -y no sólo en los niveles ordenancistas o legislativos-, máxime cuando está incorporado a los usos sociales y culturales, a su disfrute. Las connotaciones de despotismo ilustrado no son en absoluto paradigma de modernidad.

Naturalmente, la ausencia de un debate previo ha favorecido la dicotomía política: un dirigente del PP provincial es el que ha plantado frente judicial, de tal modo que las opciones estéticas y culturales han aterrizado en afinidades partidistas: con la derecha o con el progreso. Cabría preguntarse por qué pasé sin grandes alarmas preventivas ni alegaciones la exposición pública y preceptiva que hizo la Generalitat del proyecto, pues en el caso del dirigente provincial sí es exigible su conocimiento. De igual modo, resulta cuando menos sorprendente la rapidez de la Generalitat valenciana en difundir un manifiesto suscrito por un centenar de arquitectos y artistas en apoyo de las obras. Apenas pasaron unas horas desde que se conoció la sentencia. La complejidad de la cuestión se ratifica por las opiniones de arqueólogos, coincidentes con el criterio del manifiesto.

Lo importante ahora es que el debate tardíamente abierto pueda proseguir y que la sentencia recurrible del tribunal valenciano no vaya acompañada de una orden imperativa de ejecución, que supondría demoler todo lo hecho. Hay suficientes argumentos para no anticiparse a la demolición de algo que puede tener una segunda reválida, la de su resurrección funcional. Argumentos que, no obstante, deben aclarar algunas preguntas, y entre ellas no es la menor la relativa al cumplimiento de la ley.