La impugnación de las elecciones marcó la legislatura desde el inicio

La judicialización de la vida política española ha marcado la cuarta legislatura democrática. Comenzó a manifestarse apenas contados los votos la noche del 29 de octubre: de 1989, cuando el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) iniciaron de inmediato un proceso de impugnaciones electorales que tuvo sus puntos más conflictivos en Melilla, Pontevedra y Murcia. Las impugnaciones determinaron que la. legislatura arrancase con una clara sensación de provisionalidad, y Felipe González consiguió la investidura como presidente del Gobierno el 5 de diciembre, con un Congreso de sólo 332 diputados, porque 18 escaños estaban aún sometidos a la decisión de los jueces.

Aquel arranque político, pendiente del fallo de los tribunales, llevó a que el PSOE perdiera el escaño de Melilla tras repetirse allí las elecciones el 25 de marzo de 1990 -cinco meses después de los comicios impugnados-, con lo que quedó definitivamente situado en 175 escaños, uno menos de la mayoría absoluta. Enfrente, un Partido Popular con 107 diputados acogió la decisión judicial con un tono eufórico similar al que ha mantenido a lo largo de estos cuatro años. Los conflictos de Pontevedra y Murcia se resolvieron sin consecuencias electorales, aunque la disputa exigió que se pronunciase el Tribunal Constitucional.Para añadir tensión al inicio de la andadura parlamentaria, la noche del 20 de noviembre, víspera de la sesión de investidura en el Congreso, pistoleros de extrema derecha asesinaron en Madrid al diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza.

La sensación de incertidumbre que provocaron aquellos meses determinó que González optase por someterse a la cuestión de confianza el 5 de abril de 1990, pese a que en octubre había ganado las elecciones prácticamente con mayoría absoluta. Ganó el envite parlamentario con los 175 votos de su grupo y el del canario Luis Mardones, y logró que se abstuviesen el CDS y los nacionalistas del PNV y CiU.

Esta votación marcó el inició de lo que durante la legislatura se ha llamado bloque constitucional una denominación rechazado por sus supuestos integrantes y utilizada como arma arrojadiza por el PP e IU contra el Gobierno y sus ocasionales socios.En definitiva, hubo casi medio año de provisionalidad e incertidumbre, lo que significa el 12,5% de los cuatro años posibles para cada legislatura.

Sensación de parálisis

La sensación de parálisis se prolongó muchos meses, al mantener González su Gobierno hasta el 13 de, marzo de 1991, pese a que el 12 de enero Alfonso Guerra había anunciado su abandono de la vicepresidencia. Sólo Manuel Chaves había dejado el 27 de abril de 1990 su cartera de Trabajo para presentarse a las elecciones andaluzas, y fue sustituido por Luis Martínez Noval.

Enrique Múgica, Javier Sáenz Cosculluela, Joaquín Almunia, José Barrionuevo, Jorge Semprún y Carlos Romero fueron sustituidos por Tomás de la Quadra, en Justicia; José Borrell, en Obras Públicas y Transportes; Juan Manuel Eguiagaray, en Administraciones Públicas; Jordi Solé Tura, en Cultura, y Pedro Solbes, en Agricultura. Además, Narcís Serra dejó la cartera de Defensa, que pasó a ocupar Julián García Vargas, hasta entonces al frente de Sanidad, cartera para la que fue designado Julián García Valverde. Serra se aupó a la vicepresidencia, vacante desde enero, y se intentó transmitir la sensación de normalización, que sólo a ráfagas se ha conseguido.

De nuevo los juzgados se mezclaron en la vida pública. El caso Renfe llegó a los tribunales de la mano de IU, que ha acudido a los jueces en todos y cada uno de los escándalos que han condicionado la vida política desde 1989, como los casos de Juan Guerra, Ollero, Filesa y Casagrande -en Murcia-. El Parlamento constituyó una conmión investigadora sobre el caso Renfe que exculpó de responsabilidades políticas a los implicados, pero la presión acabó con la carrera de García Valverde, quien dejó el Ministerio de Sanidad el 13 de enero de 1992 para ser sustituido por José Antonio Griñán.

Para entonces era un secreto a voces que la mala salud del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, acabaría forzando un nuevo cambio. Su hiperactividad tuvo que detenerse, y el 22 de junio del año pasado Javier Solana dejó la cartera de Educación y Ciencia para sustituirle en Exteriores. El secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue nombrado nuevo responsable. del departamento. Un mes y medio después, el 7 de agosto, falleció Fernández Ordóñez.

Incluso el trabajo legislativo ordinario se ha visto afectado por la sombra de las togas, como consecuencia de una política sostenida por parte del PP y de IU. LaLey de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Corcuera, y en vigor desde marzo de 1992, tiene sus artículos fundamentales pendientes de la sentencia del Constitucional cuando resuelva el recurso que presentó el PP. Lo mismo ocurre con la Ley de Protección de Datos Informáticos.

La tensión política ha sido creciente y ha determinado que durante meses estuviese paralizada la renovación parcial del Constitucional o que no haya sido posible un acuerdo para renovar o sustituir a Álvaro Gil-Robles como Defensor del Pueblo.

Las sesiones parlamentarias, sin alcanzar la agresividad de otros parlamentos europeos, se han teñido en los últimos dos meses de una aspereza inhabitual, que alcanzó su momento culminante con el abandono del pleno del Congreso, el pasado 24 de marzo, por parte de los diputados del PP. Una tensión que muchos diputados temían que pudiera reproducirse el próximo día 20, en el debate del estado de la nación. La disolución de las cámaras ha disipado esos temores.