Liberados en El Salvador los dos militares condenados por la matanza de los jesuitas
Los dos únicos condenados hasta ahora por la matanza de los jesuitas en El Salvador, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshi Mendoza, fueron liberados él jueves tras beneficiarse de la reciente y discutida amnistía aprobada por la mayoría derechista del Parlamento de este país centroamericano. Benavides y Mendoza, condenados a 30 años de cárcel cada uno, sólo han permanecido poco más de tres privados de libertad.
Con la excarcelación de Benavides y Mendoza, la aclaración de la matanza de los jesuitas, perpetrada el 16 de noviembre de 1989, sufre un nuevo revés.Pero aunque el Gobierno de El Salvador y la justicia de este país consideren el caso cerrado, Estados Unidos acaba de advertir que no tolerará esta evasión de responsabilidades y estudia llevar a los inculpados ante tribunales internacionales para que rindan cuentas de sus crímenes.
La amnistía ha facilitado la libertad de estos dos únicos condenados, pero fundamentalmente ha servido para proteger a los verdaderos asesinos: los principales jefes militares de El Salvador, entre ellos los generales en activos René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda, ministro y viceministro de Defensa, respectivamente, y otros jefes militares, algunos como encubridores. Entre ellos se encuentra el actual jefe del Estado Mayor, el general Gilberto Rubio.
Benavides y Mendoza abandonaron por separado el centro de reclusión en la tarde del jueves, que jamás fue una cárcel sino las dependencias de la familiar Segunda Brigada de Infantería, con sede en Santa Ana, a 80 kilómetros de la capital. Sus modales fueron toscos y despectivos hacia los periodistas que aguardaban en la puerta del recinto militar. No hubo declaraciones.
La liberación de Benavides y Mendoza no ha indignado a los sectores civiles de El Salvador salvo por la forma como se produce, ya que se trata de una medida administrativa que es consecuencia del mayor atropello cometido en este país tras la firma de la paz: la amnistía que impide la acción de la justicia y el posterior perdón por los salvajes crímenes cometidos en los 12 años de guerra entre el Ejército y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
De hecho, ambos militares -aunque nunca lo solicitaron ya estaban perdonados por la comunidad jesuita, que incluso hace unos meses pidió el indulto por considerar que no eran los únicos responsables de esta matanza. Tras ellos se ocultaba un mando militar que, como quedó recientemente demostrado por la Comisión de la Verdad, fue quien ordenó la matanza.
Afrenta a la ONU
La indignación la provoca la propia amnistía, propuesta por el presidente Alfredo Cristiani en la víspera de las revelaciones de la Comisión de la Verdad y aprobada precipitadamente por los tres partidos, entre ellos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que apoyan al actual Gobierno desde el Parlamento.La amnistía no sólo exime de responsabilidades a los autores intelectuales de la matanza sino que les permite continuar en sus puestos sin ningún tipo de pudor, lo que se considera una afrenta a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que i exige su destitución y posterior inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este caso, que en su día conmocionó ' a la opinión pública mundial, ha estado desde el primer momento enmascarado en una farsa. El proceso abierto contra nueve militares acusados de dar muerte a seis sacerdotes, entre ellos el filósofo español Ignacio Ellacuría y dos mujeres de la Universidad Centroamericana, concluyó en septiembre de 1991 con la condena de estos dos jefes y la absolución del pelotón asesino: otro teniente, dos subsargentos, un cabo y tres soldados. Tuvo que ser el 15 de marzo último una comisión investiga dora de la ONU la que revelara la verdad que la justicia salvado reña, corrupta y en connivencia con los militares, jamás se atrevió a investigar.
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