Hoy comienza el juicio por las víctimas del acelerador del Clínico de Zaragoza

El juicio por el fallo del acelerador de electrones del hospital Clínico de Zaragoza comienza hoy en la capital aragonesa. Se sentarán en el banquillo de los acusados 11 personas, entre técnicos, ayudantes sanitarios y médicos responsables del hospital y del aparato que estuvo estropeado del 10 al 20 de diciembre de 1990. Un total de 27 pacientes oncológicos recibieron esos días exceso de radiaciones debido a la avería del acelerador. Murieron 20 de ellos en un continuo goteo de fallecimientos desde que se conoció el que es considerado como el accidente sanitario de estas características más grave del mundo.

El Insalud sólo reconoce que existió una relación causa-efecto entre el exceso de dosis recibida y la muerte en el caso de 10 pacientes. Más de 70 testigos declararán en un juicio que se prevé largo, con un mínimo de 18 sesiones. La sala donde se celebrará la vista oral, el Palacio de Congresos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, tiene una capacidad para 400 personas. La titular del Juzgado de lo Penal número 1, María José Gil Corredera, juez encargada del caso, no ve motivos para que el juicio se aplace y señaló que evitará la suspensión.Las familias de las víctimas esperan que, después de más de dos tensos años, se haga justicia y se depuren responsabilidades, según el presidente de la asociación de afectados, Ángel Franco. Éste perdió a su esposa, Reyes Laita, de 35 años, la más joven de las víctimas, que había sido operada de un cáncer de mama.

Los 11 acusados son: la directora del Hospital Clínico, Rosario Jaquotot; la directora de enfermería, María Pilar Comet; las ATS María del Carmen García Roig, Montserrat Ayala y María Peña Zarazaga; las físicas María Pilar Esther Millán y María Araceli Hernández; la radióloga Paloma López; el supervisor de personal de enfermería en radioterapia, Arturo Munarriz; el médico Ramón Bellosta; y el técnico Mariano Conte de la empresa General Electric, encargada de la instalación y el mantenimiento del aparato.

Petición de pena

El fiscal solicita para nueve de ellos una pena de seis meses y un día de prisión por un presunto delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, y para los otros dos una multa de 80.000 pesetas por una falta de imprudencia. También pide indemnizaciones para los familiares de las víctimas que oscilan entre ocho y 20 millones de pesetas. El Ministerio Fiscal imputa lo que considera un accidente a defectos de descoordinación en el proceso de mantenimiento y reparación del acelerador. Los responsables directos del acelerador delegaron parte de sus funciones en otros operadores, algunos de los cuales carecían de la licencia oportuna para manipular el aparato, circunstancia que conocían la directora de enfermería y del Clínico y que, sin embargo, no impidieron, según el escrito del juez instructor del sumario, Javier Seoane.Las acusaciones particulares, que habían solicitado el procesamiento de hasta 20 personas, piden penas que van desde dos a seis años por delitos de imprudencia y una indemnización global de más de 8.000 millones de pesetas. Tanto el fiscal como la acusación creen responsables civiles subsidiarios a la empresa General Electric, al Insalud y a la Administración, que en su día ya depositaron una fianza de 600 millones de pesetas. La asociación de afectados quería hubiera sido acusado algún directivo de General Electric, compañía a la que culpa de los hechos.