Aprobada la exclusión de 800 medicamentos de la Seguridad Social

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que 800 medicamentos quedan excluidos de la receta de la Seguridad Social. Esta medida supone la primera limitación formal a las prestaciones sanitarias y también el inicio de la reforma que pretende el ministro José Antonio Griñán. Las reacciones al decreto no se han hecho esperar. Izquierda Unida inició el pasado jueves una campaña en su contra y Farmaindustria tiene ya preparado un recurso.

El Real Decreto sobre financiación selectiva de medicamentos fija dos listas de fármacos, la primera de ellas recoge tres grupos terapeúticos que quedan definitivamente excluídos de la receta pública. La segunda, amplía el número de productos de pago reducido -para enfermos crónicos-, pero eleva la aportación de los pacientes al 10% de su coste, aunque este no podrá superar las 400 pesetas.Marcos Peña, secretario general de Salud, insistió ayer en que los facultativos de la Seguridad Social podrán seguir prescribiendo los productos antigripales, diarréicos o para problemas de la piel excluídos de la receta oficial, pero "en un papel blanco o receta particular". "Ellos sabrán cómo lo hacen, no quiero invadir terreno ajeno", afirmó, respondiendo así a las críticas de los colegios médicos. Éstos consideran que el Real Decreto limita la libertad de prescripción. El Insalud ha enviado ya una carta a todos sus médicos adjuntándoles el Real Decreto.

En términos económicos, los 800 productos excluidos (ver EL PAÍS del pasado jueves), supusieron en 1991 más de 22.000 millones de pesetas. Una cantidad pequeña si se la compara con el montante global de la factura farmaceútica de ese año: 549.000 millones de pesetas. A esta cifra hay que añadir otros 100.000 millones de pesetas de los medicamentos hospitalarios. Las estimaciones del ministerio situan, para 1992, la cifra total en 725.000 millones de pesetas. "Una cantidad superior al presupuesto del ministerio,de Defensa enfatizó Marcos Peña.

Decisión demorada

Ha sido la subida acumulada durante los últimos años, lo que ha llevado a Griñán a poner en práctica una medida perfilada antes de que el Gobierno encargara el informe Abril para la reforma sanitaria. Las listas negativas se han venido retrasando por motivos dispares: la presión de Farmaindustria, por un lado, y las repercusiones sobre los consumidores, fundamentalmente pensionistas, por otro.Marcos Peña reconoció ayer que éste colectivo -responsable del 70% del gasto farmaceútico- deberá pagar el coste de los fármacos excluidos. "Del mismo modo que ahora paga las aspirinas". En este punto se basan las críticas de Izquierda Unida: "supone la agresión a unos derechos sociales que desde el anterior régimen se habían considerado intocables. Una agresión a pensionistas y enfermos crónicos", afirma Ángeles Maestro, responsable de Sanidad en IU.

Para Farmaindustria, que aglutina a 180 laboratorios, el problema radica en que la nueva normativa rompe el principio de que todos los fármacos registrados -excepto las especialidades publicitarias- están incluidos en las prestaciones de la sanidad pública. Por ello, "al día siguiente de que el real decreto salga publicado en el BOE presentaremos un recurso", afirman. El Partido Popular, por su parte, cree que la medida es fruto de la "mala gestión de la sanidad pública, que está en quiebra técnica".