Una cascada de acuerdos y declaraciones inatendidas

El 2 de marzo de 1991, dos días después de finalizar la guerra del Golfo, la ONU aprobaba un documento presentado por EE UU que se convertiría en la resolución 686, para exigir a Irak su renuncia a la anexión de Kuwait y la responsabilidad por los daños sufridos por ese país. También se exigía la identificación de minas y explosivos iraquíes, así como las armas y materiales químicos y biológicos emplazados en Kuwait o en las zonas de Irak ocupadas a la sazón por los aliados.El 3 de abril, y también a iniciativa de Washington, se adoptó la resolución 687, que ponía fin oficialmente al conflicto con Irak, sentaba las bases para desmantelar el potencial ofensivo iraquí con la destrucción de su arsenal nuclear, químico y biológico, y establecía el pago de reparaciones de guerra a Kuwait. La ONU accedió a levantar el embargo iniciado tras la invasión del emirato kuwaití en lo referente a productos alimenticios y de primera necesidad, a cambio del cumplimiento de estas exigencias.

En su resolución 688, adoptada el 5 de abril de 1991 a instancias de Francia, la ONU condenó la represión del régimen de Sadam contra la minoría kurda del norte del país y solicitó el inicio de un diálogo con los rebeldes, al tiempo que instaba al Gobierno de Bagdad a permitir el trabajo de organizaciones humanitarias en la zona.

La resolución 699 especificaba, el 17 de junio, que el coste de la destrucción del arsenal iraquí correría a cargo del Gobierno de Bagdad.

Volver a vender crudo

El 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad votaba la resolución 706, que permitía a Irak volver a vender crudo en los mercados internacionales bajo supervisión de la ONU y con objeto de autorizar la adquisición de productos de tipo humanitario.

A partir del 27 de agosto de 1992, Estados Unidos y sus aliados establecieron la prohibición de toda actividad militar iraquí al sur del paralelo 32. La decisión, que contó con el respaldo explícito del secretario general de la ONU, Butros Gali, fue justificada por el presidente Bush como necesaria para "frenar la represión de Sadam Husein sobre la minoría shií".

El 2 de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad aprobaba la resolución 778, que ordenaba la confiscación de los haberes de Irak en el extranjero, evaluados entre 300 y 1.000 millones de dólares.

El 11 de enero la ONU exigió la devolución inmediata de las armas capturadas por iraquíes que habían cruzado la frontera con Kuwait y advirtió a Irak que si no respetaba sus resoluciones encararía "serias consecuencias".