Entre el electoralismo y los problemas reales

Considera el articulista que el futuro inmediato de las pensiones no dependen tanto de lo que se diga en los Presupuestos del Estado como del número de personas que trabajen en dicho futuro. Critica en tal sentido los Presupuestos de 1993 porque se fijan más en la vida interna del sector público. Son, a su juicio, eminentemente electoralistas, es decir, que prima el éxito inmediato a las previsiones.

Quizá no corresponde a los políticos el debate que apenas se ha insinuado sobre las pensiones con ocasión de la presentación de los presupuestos para 1993..No les corresponde porque 6,8 millones de pensionistas son 6.8 millones de votos, y, dicen, la primera obligación de un político es ganar las elecciones. ¿Hay algún partido, en esa situación, dispuesto a emitir alguna opinión sobre las pensiones, cuando los márgenes entre la derecha y la izquierda se estrechan cada vez más?

Que tengamos que discutir si las pensiones deberían congelarse, igual que el sueldo de los funcionarios, cuando todos sabemos lo bajas que son, es, de entrada, un índice de la gravedad de los problemas presupuestarios.

Podemos utilizar, entre otros, dos baremos para medir si el pago de las pensiones se ha convertido o se convertirá, en un plazo no muy lejano, en un problema. En primer lugar, su importancia cuantitativa en relación con el, PIB, y, en segundo lugar, la relación entre el número de pensionistas y el de trabajadores ocupados en el país.Respecto a su cuantía, el total pagado por el Estado en 1991 ascendió a alrededor de cinco billones de pesetas, tres veces más que en 1982, lo que significa un crecimiento anual acumulativo del 13%. Esa cuantía significaba en 1982 el 8% del PIB y el 9% en 1991 (un punto del PIB es equivalente a 600.000 millones de pesetas). Con una economía parada, como se espera para 1993, este porcentaje subirá con rapidez.Antes de entrar en el fondo del tema, hay una pregunta que responder: ¿por qué ha crecido tanto?

En primer lugar, porque la crisis del periodo 75-85 se resolvió, en una parte considerable, adelantando la edad de jubilación de colectivos grandes de trabajadores. Por su parte, el Gobierno bajó la edad de jubilación de los funcionarios y se incrementó la concesión de pensiones por motivos políticos (guera civil). Finalmente, se aprobó la creación de pensiones no contributivas para personas que no habían cotizado a la Seguridad Social.Pensionistas y ocupadosCon ser económicamente duro este tema, lo es más el segundo baremo: la relación entre el número de pensionistas y trabajadores ocupados.Examinemos los datos: en España hay, en números redondos, alrededor de 6,8 millones de pensiones (sumando las de la Seguridad Social, clases pasivas del Estado y guerra civil) que se pueden identificar, a grandes rasgos (en la medida en que cada pensionista tenga una sola pensión, lo que puede ser inexacto), con otros tantos pensionistas; el número de trabajadores ocupados es de 12,4 millones. La relación es, por tanto, de 1,8 trabajadores por cada pensionista. Es una re lación muy baja (hace no demasiados años -en 1976-, la relación era de tres trabajadores ocupados por cada pensionista) y si milar a la de los países más viejos de Europa; insólita en un país relativamente joven. Va a empeorar por diversos motivos: el envejecimiento de la población, el aumento previsto del desempleo y la resistencia de la sociedad española a crear empleo.Unas palabras sobre las diferentes pensiones que paga el Estado. Son bajas las que se han ganado con una vida de trabajo, siendo la mínima dé algo más de 50.000 pesetas al mes. Son, en cambio, relativamente generosas las que se han otorgado por motivos políticos, por mala conciencia. Lo que empezó siendo un gesto político, después de 40 años, las pensiones de la guerra civil, sumaron ya 115.000 millones en 1991. Las pensiones llamadas no contributivas, es decir, las que se dan sin haber cotizado en la vida, son de 32.000 pesetas al mes, además de dos pagas extraordinarias. Con todo, el problema no son las pensiones. El problema es el empleo, pues el número de trabajadores ocupados, del que dependen, en última instancia, los impuestos que ingresa el Estado, es muy bajo en España.

Desde 1982 a 1991 se han creado en España 1,5 millones de puestos de trabajo; de ellos, cerca de 500.000 en las distintas administraciones públicas. No voy a discutir ahora si una parte es superflua o si todos prestan servicios imprescindibles. El dato que quiero retener es que el Estado ha sido el creador de empleo más grande de los últimos diez anos. Creo que tampoco es la ocasión de examinar por qué en esos diez años, de 1982 a 1992 -periodo en el que se incluyen seis años enormemente prósperos de la economía de nuestro país-, se ha creado un millón de empleos netos por toda la economía privada española; muchos, teniendo en cuenta nuestra tradición; insuficientes en relación con nuestras necesidades.Unos datos mínimos para situar en un horizonte temporal más amplio el problema de la creación de empleo en España. Si analizamos el periodo 1976-1992, es decir, un ciclo económico completo, veremos que en 1976 la población ocupada era de 12,2 millones de personas; en 1982, de 10,9 millones; en 1992, de 12,4 millones; es decir, en 16 años sólo ha crecido el empleo en 200.000 personas. A pesar de la severidad de estos números, !ay que tener en cuenta que el número de los que trabajan en la agricultura ha pasado de 2,6 millones en 1976 a dos millones en 1982 y a 1,3 millones en 1992. Por otra parte, y aunque no sea el momento de analizarlo, es preciso recordar el mantenimiento oficial del paro en cifras millonarias, configurado como alternativa económicamente lógica al empleo. ¿Alguien se atreve a sumar pensionistas y parados y comparar la cifra con la de los trabajadores empleados?

Es impensable que el Estado siga creando empleo en el futuro. No ya por razones puramente de numerario, como en el presupuesto para 1993, sino por razones económicas más serias. En todo el mundo, no sólo en Europa, el Estado paraliza su crecimiento o disminuye su tamaño después de fracasar en servicios no esenciales como gestor y proveedor de demasiados bienes y servicios. Es una máquina demasiado costosa por inflexible. En la Europa de Maastricht, el empleo se crea por las empresas privadas; el papel del Estado se limita a tareas específicas y a fijar las condiciones en que se desarrolla ese trabajo.Falta de fondosEl presupuesto para 1993 congela la creación de empleo en la Administración central. La política de las otras administraciones no podrá ser muy diferente, porque el problema de la falta de fondos es común a todas.

Cabría esperar que ese mismo presupuesto para 1993 contuviera algunas disposiciones para facilitar la creación de empleo, es decir, para convencer a las empresas de que contraten más. Es un tema ausente. Ni una palabra. Es más, aunque parezca inconcebible, todas la medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a la crisis presupuestaria desde julio de este año resultan negativas respecto a la creación de empleo. Repasémoslas. La subida de retenciones y del IRPF afectan a todos, pero más directamente a los que dependen de una nómina; se suben los tipos de cotización a la Seguridad Social; se sube el tipo máximo de cotización; se igualan los topes máximos de cotización de todas las categorías, desde los licenciados a los peones; se traspasa a las empresas el pago de los primeros 15 días de enfermedad (la ILT).

El presupuesto de 1993, y aquí enlazo con el minidebate sobre las pensiones, ha optado por diferenciar el trato a los pensionistas -pues todas las pensiones se suben indiscriminadamente- del que da el empleo pasado y futuro; se congela la creación de empleo y el sueldo de los funcionarios y aumenta la imposición a todos los trabajadores en activo con aumentos del IRPF, así como las cotizaciones sociales de las empresas.

En relación con las pensiones, la postura implícita del Gobierno es tajante: 6,8 millones de pensionistas son 6,8 millones de votantes, enormemente sensibles a lo que ocurra a sus pensiones por el trabajo o concedidas por sufrimientos o para atender necesidades de quien se supone que no tiene más para vivir.

Sin embargo, alguien debería decirles a los pensionistas que sus pensiones no dependen de lo que digan los Presupuestos del Estado; que eso puede ser verdad durante unos años, pero que sus pensiones dependen de que en España crezca el número de personas que trabajan. Y, en ese sentido, el presupuesto para 1993 no intenta ahondar en los mecanismos de creación de empleo por las empresas. Y no lo hace por dos motivos: porque es un presupuesto que sólo se ocupa de la vida interna del sector público, de los problemas inmediatos de nuestros gobernantes, de cómo pagar sus obligaciones, y porque en la disyuntiva de hacer frente a los problemas del país o hacer un planteamiento electoralista se ha optado por lo último.

es técnico comercial del Estado.