La patronal quiere descontar de la subida salarial el aumento de los costes de la Seguridad Social

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) anunció ayer que analizará el impacto de las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social antes de fijar cualquier recomendación de incremento salarial para 1993, según manifestó su secretario general, Juan Jiménez Aguilar. La patronal, que no concretará ese tope hasta que se celebre la junta directiva correspondiente a diciembre, sopesará muy especialmente la unificación o "destope" de los tipos de cotización, cuyo coste supondrá a empresarios y trabajadores unos 140.000 millones de pesetas.

El aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social -tanto las aprobadas a lo largo de este año como las que se incluyen en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993- se ha convertido en el eje de discusión entre los empresarios para fijar la recomendación de subida salarial para el ano próximo.Jiménez Aguilar, en una rueda de prensa posterior a la junta directiva de la patronal celebrada ayer, advirtió que el efecto de estos incrementos repercutirá en el proceso de negociación colectiva, del que adelantó que "será muy difícil".

En concreto, el secretario general de la CEOE distinguió entre cuatro subidas distintas. En primer lugar, el incremento de un punto en la cotización por desempleo registrado en la primera parte del ejercicio en curso.

El segundo aumento se deriva del pago de la Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) correspondiente a los primeros quince días de enfermedad del trabajador, lo cual se traduce en 0,7 puntos de la Seguridad Social más a pagar por los empresarios.

Los otros dos argumentos de los empresarios para trasladar el impacto de las subidas de los pagos sociales a la negociación colectiva están incluidos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993: el alza del 0,5 en la cotización y el "destope" -según la CEOE- o unificación de las bases de cotización, que supone que casi un 70% de los trabajadores incrementen de manera significativa su aportación a la Seguridad Social.

El secretario general de la CEOE incidió especialmente en este punto. Según los cálculos de los empresarios, este reajuste puede suponer un desembolso adicional de los empresarios y trabajadores de 140.000 millones de pesetas.

Sectores afectados

Esta medida afecta de manera desigual a cada sector empresarial. Los más perjudicados son, según los empresarios, el eléctrico, el automovilístico, el metalúrgico y el informático. Jiménez Aguilar puso como ejemplo que las compañías eléctricas deberán aumentar sus pagos a la Seguridad Social casi un 20%.

El dirigente empresarial, tras repasar concienzudamente estos datos, dijo que "en estas condiciones, los costos de la Seguridad Social para las empresas se disparan de forma Incompatible con una política que trate de incentivar el empleo". Jiménez Aguilar acusó al Gobierno de haber incumplido el compromiso de no aumentar las cotizaciones sociales en esta legislatura, y dijo que si el Ejecutivo "hubiese respetado esta neutralidad, la oferta de incremento salarial podría ser de otra manera".

Además, reconoció implícitamente que con esta medida será muy difícil que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo el próximo año, dado que la inflación fijada es del 5% y que los empresarios no parecen dispuestos a consentir subidas salariales muy por encima de esa cifra.

El secretario general de CEOE, que insistió en que no se fijará un incremento salarial hasta que la junta se reúna el próximo mes, adelantó que va a solicitar al Gobierno que reconsidere, en el trámite parlamentario, la disposición de destopar o unificar las cotizaciones.

De hecho, los empresarios se reunirán hoy con el grupo parlamentario socialista para negociar sobre la futura la ley de huelga, momento que muy posiblemente aprovecharán para proponer esa modificación. La propuesta de la CEOE, que no rechaza que se tienda a igualar las cotizaciones, recoge que ese proceso se realice a lo largo de varios años. En concreto, la patronal es partidaria de que la actualización anual se realice con alzas ligeramente superiores a la inflación.