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El secretario de Estado de Defensa dimite por el recorte presupuestario que impone Hacienda

Miguel González

MIGUEL GONZÁLEZ, El secretario de Estado de Defensa, José Miguel Hernández Vázquez, ha manifestado al ministro de Defensa, Julián García Vargas, su decisión irrevocable de abandonar el cargo, por su radical desacuerdo con el presupuesto del departamento para 1993 aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Hernández se convierte así, por decisión propia, en la primera víctima política del ajuste y de la restrictiva Ley de Presupuestos, presentada ayer en el Congreso por el ministro de Economía, Carlos Solchaga. Para el PP, la dimisión es el principio del "fin de una época".

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Una dimisión sin sorpresas

Defensa, cuyo titular se encontraba ayer en visita oficial en París, contará el próximo año con 755.000 millones de pesetas, lo que supone una reducción del 3,85% en términos nominales y de casi un 10% en términos reales respecto al presupuesto de este año. La dimisión de Hernández, nombrado secretario de Estado hace sólo un año, fue aceptada por la tarde por el titular de Defensa, Julián García Vargas, pese a que "no comparte en absoluto las discrepancias manifestadas por el secretario de Estado con la política presupuestaria, del Gobierno", según una nota oficial del ministerio.La decisión de abandonar el cargo fue comunicada el lunes por Hernández a la junta directiva de Afarmade (Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa), en la que están representadas las principales empresas del sector, con la que se reunió para explicarle los Presupuestos del próximo año. En medios de Defensa, no obstante, la decisión era conocida desde hace días, pues el propio Hernández la comunicó a sus más directos colaboradores y la comentó en la última reunión del consejo de dirección del departamento.

Según se deduce de la explicación que el lunes dio a los empresarios, Hernández considera una grave irresponsabilidad los Presupuestos de Defensa para 1993, incluso en la actual coyuntura económica, ya que no garantizan la supervivencia de la industria militar española durante el periodo de crisis. Según su razonamiento, si una vez superada ésta, Defensa quiere reanudar sus compras, deberá dirigirse al extranjero, ya que la industria española habrá desaparecido. Hernández justificó también su dimisión por coherencia con los repetidos anuncios públicos de que únicamente continuaría en el cargo si contaba con los fondos mínimos imprescindibles.

El ministro, desairado

La marcha de Hernández deja en una incómoda situación al ministro de Defensa, quien deberá defender en el Parlamento unos Presupuestos contrarios al acuerdo del Congreso de julio de 1991, por el que debían incrementarse los gastos militares hasta el 2% del PIB, y hacer frente al malestar originado en los cuarteles generales por el recorte presupuestario.

Para el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, la dimisión hace patente que "cuando un barco hace agua, hay mucha gente que huye antes de que se hunda y esto lo vamos a ver en otras muchas áreas más alejadas de la de la Marina. Esto es el final de una época".

Se da la circunstancia de que antes de fin de año Defensa debe remitir al Parlamento una nueva ley de dotaciones presupuestarias para las Fuerzas Armadas, con un programa de inversiones militares hasta final de siglo, lo que en las actuales. circunstancias parece inviable. Defensa no confirmó la dimisión de Hernández hasta última hora de la tarde, una vez que el ministro regresó de París, adonde había viajado el lunes para participar en un seminario sobre estrategia. Varios miembros de la cúpula militarcontestaron con un "sin comentarios" a las preguntas sobre la dimisión, aunque era palente el respaldo castrense a la actitud del secretario de Estado.

Los departamentos de Defensa y Hacienda han mantenido en los últimos meses un sordo enfrentamiento en torno a los Presupuestos. Antes del verano, Defensa pidió 944.000 millones para 1993, mientras que Hacienda le ofreció 830.000. Sin embargo, esta oferta fue rebajada por Hacienda en 100.000 millones tras las vacaciones veraniegas, llegándose finalmente a los 755.000 (30.000 menos que este año).

El recorte afecta especialmente al capítulo de inversiones, que baja de los 107.000 millones actuales a sólo 98.000 en 1993, un 8,8% menos en pesetas corrientes. Como consecuencia de ello, ha quedado suspendida sine die la construcción de cuatro nuevos cazaminas, con un valor total de 53.000 millones de pesetas. Este proyecto, que el presidente murciano, Carlos Collado, ha intentado salvar hasta el último momento, era fundamental para garantizar la continuidad del astillero de Bazán en Cartagena.

También se ha quedado sin partida presupuestaria el programa Secomsat, de 11.000 millones de pesetas, necesario para que el Gobierno pueda sacar partido para sus fines al primer satélite español de comunicaciones, el Hispasat, lanzado al espacio a principios de este mes. Desde el punto de vista militar, el proyecto más importante de los suspendidos es, seguramente, el Harrier Plus, un programa conjunto con Estados Unidos e Italia destinado a dotar de radar a los aviones del portaaeronaves Príncipe de Asturias, que actualmente no pueden operar de noche ni en condiciones climatológicas adversas, en el que España lleva gastados 5.500 millones de pesetas. Tampoco podrán modernizarse los carros de combate M-60 norteamericanos de segunda mano que han empezado a llegar a España como consecuencia de los acuerdos de desarme en Centroeuropa.

El recorte obliga incluso a cancelar contratos ya firmados. Es el caso del programa de modernización de los aviones P-3 Orion de lucha antisubmarina, adjudicado a las empresas Inisiel, Ceselsa y CASA en 21.000 millones de pesetas.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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