Los consumidores cobraran desde 1993 por todos los envases devueltos

Los ciudadanos españoles podrán recibir a partir del próximo año una compensación económica por el retorno de envases ya sea en vidrio, metales, cartón, plástico o caucho que se utilizan para embalar los productos más corrientes que existen en el mercado. El precio del retorno lo marcará el Gobierno en la modificación que pretende llevar a cabo este año de la Ley Básica de Residuos Sólidos Urbanos.

La Administración no ha decidido por ahora quién se encargará de gestionar los retornos, aunque podría ser la industria o los propios comercios. Esta medida no repercutirá en el precio de compra de los productos, según representantes de la industria.Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas de Agua y Medio Ambiente, dijo ayer al anunciar esta medida que su finalidad es evitar el despilfarro de materias primas y reducir una buena parte de los envases que representan en España el 40% de todos los residuos sólidos urbanos y más del 30% de su peso.

En este país se producen entre 40.000 millones de unidades en envases para alimentación al año, 20.000 millones de envases de vidrio no retornable, unos 2.000 millones de embalajes de hojalata y aluminio, 20.000 millones de bolsas de plástico y unos 30 millones de neumáticos. Todos estos residuos representan un valor de medio billón de pesetas.

Según Albero, esta iniciativa que se tramitará como ley -y reglamentaciones consiguientes que reforman la actual legislación sobre residuos sólidos urbanos- "tendrá una gran incidencia social y modificará los hábitos tanto de producción como de consumo, ya que la responsabilidad de los ciudada nos sobre los residuos que producen es tan importante como la eliminación de los mismos".

En contra de lo que pudiera parecer, el usuario no pagará inicialmente más por el producto, según han puesto de manifiesto fuentes consultadas de la industria del envasado y embalaje. "El retorno lo pagará la industria usuaria y los fabricantes de envases y embalajes, que tendrán que asumir las nuevas tecnologías ecológicas", ha señalado José Manuel López Cedillo, director de la Federación Española de: Envases y Embalajes.

López Cedillo se ha preguntado, no obstante, por las razones de esta medida "cuando el Parlamento Europeo está discutiendo una directiva sobre el tema. Sería más lógico que se esperara a que la directiva, que se refiere básicamente a la reducción, recuperación y reutilización de residuos, fuera aprobada". En algunos países del entorno europeo se están introduciendo medidas similares a las que ahora el Gobierno quiere implantar en España. Es el caso de Alemania, Holanda y Francia. De acuerdo con fuentes consultadas todavía es pronto para tener datos fiables de las consecuencias de esta medida.

Desaparición de envases

Con la entrada en vigor de la nueva ley se producirá, según el secretario de Estado para las Políticas de Agua y el Medio Ambiente, un proceso de desaparición de envases no retornables, hecho que afectará sobre todo a los sistemas de distribución de grandes superficies que deberán crear otros mecanismos para la eliminación o el reciclado de los residuos urbanos que producen.

Aunque todavía no se ha determinado el organismo que pagará las cantidades a los ciudadanos por los envases devueltos, Albero ha anticipado que tendrán que ponerse de acuerdo las industrias con los distribuidores para presentar un sistema de retirada de los envases, y si se trata de neumáticos o baterías formar un consorcio para crear centros de retirada en los que los talleres y los usuarios podrán devolverlos y cobrar por ellos. Respecto a los residuos tóxicos y peligrosos -industriales- Albero señaló que en España se debería contar al menos con 80.000 declaraciones de empresas que contaminan y lamentó que sean cada vez menos las empresas que declaran, "debido, seguramente, a que no existe control por parte de las comunidades autónomas". Por otra parte señaló que el Consejo Rector del Plan Nacional de Residuos Industriales, que se reunió ayer en Madrid, estudió tres posibles proyectos de instalación de plantas incineradoras (en la bahía.de Cádiz, Monteagudo de las Vicarías -Soria- y en Almadén -Ciudad Real-).

En relación con este tema Greenpeace acusó ayer al Gobierno de intentar dejar la gestión de los residuos tóxicos en manos de empresas conocidas en otros países por sus agresiones medioambientales.