La sanidad navarra no realiza abortos legales y los desvía hacia otras autonomías

La comunidad autónoma de Navarra atraviesa una peculiar situación que hace que desde 1987 no se pueda hacer cumplir la ley de despenalización del aborto por la objección generalizada de los médicos. El actual Gobierno de Unión del Pueblo Navarro (UPN), con un consejero de Salud del Partido Popular (PP), prefiere pagar con dinero público los abortos legales de las mujeres navarras en clínicas privadas de otras comunidades de España. "El Opus y sus organizaciones afines pretenden hacer de Navarra una reserva espiritual de Occidente en materia de aborto", afirmaba hace escasas fechas un sexólogo navarro.

El procesamiento judicial al que fueron sometidos en Pamplona tres médicos que practicaron un aborto legal a una joven en el hospital Virgen del Camino, juicio de amplia repercusión pública, marcó una frontera que no ha sido superada desde el inicio del proceso, en 1987. De nada sirvió la definitiva absolución de todos ellos. A partir de aquella fecha Navarra sigue siendo territorio vedado para la práctica de un derecho legal reconocido en España a todas las mujeres pero que el anterior Gobierno socialista navarro no pudo poner en práctica y sobre el que el actual Gobierno no tiene el más mínimo interés.Todos los facultativos competentes para realizar una interrupción voluntaria del embarazo que trabajan en esta comunidad "saben que sufrirían un linchamiento personal y profesional si decidieran afrontar las múltiples pegas existentes para la práctica de abortos en la sanidad pública de Navarra", indica un profesional sanitario. "Por ello, se ha extendido una actitud implícita de objeción de conciencia derivada del miedo en muchos-casos, pero que tampoco es necesaria porque todos los supuestos de aborto legal se desvían desde hace años fuera de Navarra", añade.

Objeción por encima de todo

El consejero de Salud, Calixto Ayesa, manifiesta que su voluntad al frente del departamento es la de "continuar con el respeto adecuado a la objeción de conciencia de los médicos, fundamental en los parámetros de comportamiento de los defensores del derecho a la vida". Ayesa, un hombre del PP que considera la reciente ampliación de los supuestos de aborto legal "un hecho totalmente negativo que atenta directamente contra el derecho a la vida", prefiere que las cosas sigan como hasta ahora y que el dinero de los navarros sirva para pagar las interrupciones de los embarazos que se realizan en clínicas privadas de Bilbao, San Sebastián y Madrid, fundamentalmente, donde abortaron legalmente unas 25 mujeres navarras en 1991 y en las que, a es tas alturas de 1992, lo han hecho ya al menos otras 14. Pese a que en los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de abortos legales por comunidades autónomas figura Navarra en 1990 con 208 interrupciones de embarazo, lo cierto es que este dato puede llevar a confusión, dado que ninguna de ellas se ha practicado en centros navarros.

Pablo Sánchez Valverde, uno de los médicos absueltos por la Audiencia de Pamplona años atrás y actual trabajador de los Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual (COFES) del Gobierno navarro, cree que la situación no variará mientras no se regule adecuadamente el derecho a la objeción. "Falta una definición adecuada de la objeción de conciencia. Si todo un servicio de ginecología de un hospital puede objetar al mismo tiempo, ¿cómo se puede aplicar así la ley? De nada sirven nuevos supuestos ni una ley de plazos mientras el derecho a la objeción esté amparado por encima del deber del profesional de la salud pública de prestar un servicio legal a una paciente".

Sánchez Valverde reitera que el derecho a la objeción debe conjugarse con la garantía de la prestación del servicio en los hospitales públicos. A nadie nos gusta hacerlo, pero alguno debe afrontar esta tarea y a ese profesional se le debe garantizar que se le va a respetar y no a perseguir como ahora en Navarra".

Ignacio Sánchez Nicolay, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, asegura desconocer si muchos de sus colegiados no practican abortos por miedo a un clima social adverso. "El miedo es, libre, desde luego", indica Sánchez Nicolay, "pero en el colegio no hemos hecho encuestas porque no ha habido problemas". El portavoz de los facultativos recuerda que "el nuevo código deontológico de la profesión no admite la existencia de un periodo en el que la vida carezca de valor. Los médicos estamos obligados a respetarla desde el comienzo, aunque también dice que no se sancionará al médico que actúe legalmente".

El anterior Gobierno socialista acordó financiar con fondos públicos este tipo de intervenciones en clínicas privadas. El nuevo Gobierno de UPN-PP mantiene esa vía, que acoge una mínima parte (unas 25 personas) de las al menos 728 navarras que abortaron el pasado año, según fuentes de los COFES del Gobierno, que no incluye las que abortaron en el extranjero. "Es una medida política, no profesional", dice Sánchez Nicolay.