Pleno extraordinario del Congreso para convalidar el plan de ajuste y aprobar la ley del subsidio de paro

El paquete de medidas de ajuste económico que aprobará hoy el Consejo de Ministros, por decreto-ley, tendrá que ser convalidado por un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados que se celebrará, con toda probabilidad según fuentes de la Cámara, los próximos días 28 ó 29, aunque todavía no se ha fijado la fecha oficialmente. En ese mismo pleno se debatirán las enmiendas que el Senado ha introducido al proyecto de ley sobre medidas sobre desempleo, con lo que se convertiría en ley y entraría en vigor de manera inmediata.Las medidas de ajuste, al adoptarse por decreto-ley, tienen que ser sometidas al debate y votación en el Congreso de los Diputados de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, que faculta al Gobierno para "dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes", para los casos "de extraordinaria y urgente necesidad".

El mismo artículo de la Constitución establece que el Congreso debe debatir y votar los decretos-leyes "en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación". Cabe la posibilidad de que el decreto-ley sea tramitado posteriormente como proyecto de ley. Para que eso ocurra, tiene que acordarlo el pleno del Congreso.

Precisamente de cara al próximo debate, el Partido Popular, considera factible reducir en más de 800.000 millones de pesetas el déficit público sin necesidad de subir los impuestos ni recortar inversiones. El Comité Ejecutivo del PP, se reunió ayer para analizar la situación económica y criticar las medidas restrictivas del Gobierno que hoy se liarán públicas. Los populares proponen como alternativa un recorte drástico de los gastos corrientes.

"El Gobierno propone ahora subir los impuestos y recortar los gastos de inversión para conseguir un ahorro que supone menos de la mitad de lo que ha costado el AVE", manifestaron miembros de la ejecutiva del PP antes de que concluyera la reunión convocada para debatir las medidas.

El Partido Popular propone, frente a la política del Gobierno, la reducción de gastos corrientes para reducir el déficit, y citan expresamente un recorte en los gastos de la Administración central, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.