Los obispos afirman que la convergencia con Europa olvida la dignidad humana

El episcopado español sigue criricando la política económica y social del Gobierno. La última plenaria concluyó con un duro comunicado, que acusaba al Ejecutivo de adoptar medidas que penalizan a los "sectores más deprimidos y débiles". Ahora, la Comisión Episcopal de Pastoral Social expresa sus dudas de que el plan de convergencia con Europa sea conciliable con el respeto de la dignidad humana.

Una nota de esta comisión episcopal, que préside el obispo de Vic (Barcelona), Josep Maria Guix, reconoce que son "inevitables" los ajustes en el sistema económico "como consecuencia de nuestra adhesión a Europa". Ahora bien, los prelados pretender llamar la atención sobre algunos aspectos morales del problema", como ya hiciera todo el episcopado español durante su última reunión plenaria."Todos debemos reflexionar seriamente sobre si el sistema económico en el que está encuadrado nuestro desarrollo es coherente con las exigencias éticas para la defensa y promoción de la persona humana", invita la nota.

Los obispos de esta comisión dudan de ello: "Cuando en el proceso de integración parece que se está imponiendo la "ley del economicismo", difícilmente es conciliable con la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales un modelo económico que olvida una ley esencial que subyace a toda economía: el hombre es el autor, el centro y el fin de la vida económica y social; economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir".

Gasto público

Los prelados, que han hecho pública esta nota con motivo de la celebración, el próximo domingo, del Día de la Caridad, señalan que, cuando se vislumbra un futuro "incierto, inseguro y con escasas o nulas esperanzas para personas concretas y sus familias, no bastan ajustes que converjan sólo con las exigencias meramente económicas". "Los ciudadanos", añaden, "no entienden cómo, a la vez que se les exigen sacrificios, el gasto público aumenta no siempre en beneficio del bien común".Tras esta exposición, los prelados de la comisión sostienen que "debe prevalecer la justicia y la solidaridad en los mecanismos de los procesos de convergencia y la equitativa distribución de los costes sociales y económicos, especialmente de la reconversión industrial y agrícola, entre todos los estamentos de la sociedad; no sólo principalmente sobre los más débiles". Para ello hacen un llamamiento a todos los creyentes para que, junto a las fuerzas sociales, políticas, empresariales y sindicales, "se promueva y se lleve a cabo solidariamente un pacto social contra la pobreza y la injusticia social".

El presidente del episcopado español, Ángel Suquía, que indicó en mayo que el paro no iba a resolverse ni con el decretazo sobre prestaciones de desempleo ni con el paro general del 28-M, ya apeló a la celebración de un debate público sobre esta problemática.

A juicio del cardenal Suquía, que considera que "ningún sistema necesita tanto como el democrático de un sólido soporte moral", en este debate deben participar "todas las instituciones significativas de este país, incluida la Iglesia".