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Un dictamen de Peces-Barba declara inconstitucional la administración única

Luis R. Aizpeolea

El proyecto de crear una administracion única en tres comunidades autónomas -Galicia, País Vasco y Cataluña-, propuesto el pasado abril por el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, y el federalismo de ejecución -la fórmula organizativa del Estado alemán y del austriaco, que cuenta con la simpatía del socialismo catalán- no son constitucionales, según un dictamen encargado por el Gobierno al ex presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y a los catedráticos de Derecho Administrativo Luciano Parejo, y de Derecho Constitucional Luis Aguiar.

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El informe se opone al modelo federalista propugnado por los socialistas catalanes

Este dictamen ofrece al Gobierno las bases jurídicas para responder con un no rotundo a la polémica propuesta de Fraga y, por extensión, al federalismo de ejecución. La elección de Peces Barba tiene un claro significado político, ya que él fue, junto con Fraga, ponente de la Constitución. Ambos son de los máximos conocedores del contenido y el espíritu de la Carta Magna.

Una mutación del orden

Según el dictamen, "la propuesta de administración única, tal y como ha sido formulada, conduce a un modelo de Estado autonómico que no cuadra con el marco constitucional". "El efectivo establecimiento del modelo definido por la propuesta [de Fraga] significaría una mutación real del orden constitucional", se añade.Fraga pretende que una única administración concentre en cada comunidad autónoma la ejecución de todas las funciones, tanto de la comunidad como del Estado. Para ello, propugna la desaparición de la administración periférica del Estado.

A este respecto, Peces-Barba replica que la Constitución "prefigura un Estado cuyo pluralismo territorial es equilibrado, es decir, articulado sobre diversos ordenamientos territoriales".

El dictamen insiste en que "la coexistencia coordinada entre estos cuatro escalones de funcionamiento jurídico-administrativo (Estado, autonomías, diputaciones y municipios) forma parte del esquema jurídico español" y "forzar esa distribución, desequilibrando las competencias de cualquiera de los niveles sólo es posible a través de una auténtica mutación constitucional".

Según Peces-Barba, la propuesta de Fraga refleja "un Estado central amputado y, por ello, incapaz de asegurar -en un Estado social, vencido por ello del lado de la función ejecutivo-administrativa- la efectividad del principio de unidad y, a través de él, de solidaridad". En este sentido, exige para el Estado una parte de las funciones de ejecución: "La ejecución de las medidas que tiendan a mejorar las expectativas de los miembros menos favorecidos deben promoverse con carácter uniforme en todo el Estado, si no se quiere desvirtuar su sentido más profundo".

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