Espera sanitaria

LA GRAN pesadilla de los ministros de Sanidad desde los primeros años de la transición política han sido las listas de espera en la sanidad pública española. Y siguen siéndolo. No en vano los propios gobernantes socialistas las han calificado como la principal espina del sistema sanitario. La oposición, por su parte, ha enarbolado su crónica existencia como prueba inapelable del fracaso de la política del PSOE en el ámbito de la salud pública.Con estos antecedentes, el plan de urgencia elaborado por el Ministerio de Sanidad para acabar con uno de sus puntos negros está más que justificado. Lo que importa es que tenga éxito y no sea una operación con vistas a la galería. En principio, el plan se centra en la Comunidad de Madrid, que es la que históricamente viene soportando las listas de espera más voluminosas, pero luego se extenderá a otras comunidades gestionadas por el Insalud. El hecho de que sus objetivos sean limitados -reducir este año en un 36% la lista de los 25.741 pacientes madrileños que llevan esperando más de seis meses una intervención quirúrgica- otorga credibilidad al plan e induce a confiar en que sea el inicio de la solución definitiva, en un plazo razonable, de uno de los problemas que más cuestionan la realidad del Estado del bienestar.

La tarea es todo un desafío. De un lado, el número de pacientes que integran actualmente las listas de espera se mantiene alto: 137.158 en el ámbito del Insalud, sin contar las listas propias de las comunidades autónomas que gestionan el 57% de la sanidad pública española. De ellos, casi la mitad -el 44% exactamente- lleva esperando un plazo superior a los seis meses. Y aunque no se tienen datos de los enfermos que están en la misma situación en las comunidades que tienen transferida la sanidad pública -sería deseable de su parte la misma transparencia informativa finalmente puesta en práctica en este punto por la Administración central-, es verosímil que sean otros tantos, con lo que su número total se acercaría a la cifra, barajada en estos últimos años, de 300.000.

De otro lado, la normalización en este ámbito de la asistencia sanitaria está vinculada a la reforma del sistema de salud pública y a la mejora en la utilización de los recursos existentes. Las listas de espera no pueden ser consideradas, efectivamente, como una enfermedad vergonzante en lo que tengan de efecto de la universalización de las prestaciones. Pero su persistencia muestra que son consecuencia, sobre todo, de una deficiencia estructural grave del actual modelo sanitario, que se materializa en su inadaptación a las necesidades ciudadanas en el ámbito de la salud.

Se quiera o no, las listas de espera, en su cuantificación y plazos actuales, constituyen un estigma del sistema público sanitario que contribuye además a ensombrecer la indudable calidad de algunas de sus prestaciones: por ejemplo, la mejora habida en los últimos años en el ámbito de la asistencia primaria, la constatable eficacia de sus servicios de urgencia o el prestigio de su cirugía de alto riesgo. Que decenas de miles de pacientes españoles tengan que esperar al menos seis meses, y hasta años en muchos casos, para que les operen de cataratas, amigdalitis o hemorroides constituye un atentado contra el derecho constitucional a la protección de la salud, así como un incumplimiento del deber que tienen los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios adecuados. Un derecho y un deber que obligan a dar una solución sanitariamente correcta a males que, al menos, inciden gravemente en la calidad de vida de miles de españoles y que pueden generar además estados anímicos dificilmente soportables. De ahí la importancia de que el plan de urgencia del Ministerio de Sanidad sea eficaz y pueda solventar lo que parece ser un problema endémico.