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Editorial:

Falsa salida

ETA HABÍA hecho de la centralización del mando un elemento clave de su eficacia. Pero ello implicaba el riesgo de que una caída del núcleo dirigente, constituido mediante sucesivas cooptaciones, supusiera la paralización. Tras la detención de la troika de Bidart, quedaba la duda de si no existía un cuarto miembro del comité ejecutivo, el responsable de las finanzas. La captura en París de Sabino Euba elimina ese factor de incertidumbre, y de ahí su importancia, que sería mucho mayor si fuera seguida por el descubrimiento de las cuentas donde ETA guarda el dinero obtenido mediante la extorsión. En todo caso, cortado ese último lazo, los aspirantes a sucesores tendrán que ganarse la autoridad entre los activistas, y para conseguirlo tendrán seguramente que plantear un debate y organizar una asamblea. Es posible que tal debate sea la ocasión para que encuentren eco esos sectores de ETA y HB que, según el PNV, buscan una salida del laberinto de la violencia. La experiencia de los polimilis indica, sin embargo, que será difícil que tal reflexión se abra paso mientras los terroristas conserven sus arsenales y medios económicos. Pero lo que ello indica es que la eficacia policial sigue siendo la condición necesaria para que pueda cuajar cualquier iniciativa destinada a acortar y hacer lo menos traumático posible el proceso final de ETA.Ese objetivo de ayudar al mundo del radicalismo abertzale a encontrar una salida influyó seguramente en iniciativas del PNV como la de aceptar una propuesta de HB de debatir conjuntamente las causas de la violencia". El PNV argumenta que no es posible acabar por medios exclusivamente policiales con una organización apoyada directa o indirectamente por el 17% de los vascos, y que la recuperación para la democracia de esos 180.000 ciudadanos exige tender puentes con generosidad. La cesión realizada por ese partido y el PSOE en el asunto de la autovía de Leizarán sería un gesto orientado a favorecer esa dinámica, y su primer efecto sería el de "restar a ETA un argumento para seguir matando". La cuestión es, sin embargo, si es posiblela reinserción democrática de ese 17% de ciudadanos que apoyan la violencia sin una previa derrota de ETA, o al menos sin un fuerte debilitamiento de esa organización. Y, en conexión con ello, si concesiones como la de la autovía favorecen o entorpecen la toma de conciencia por parte de ese sector de la inutilidad de la violencia o de las ventajas de integrarse pacíficamente en las instituciones.

Es posible que se haya restado a ETA un pretexto para matar, pero se le ha proporcionado un ciento: tantos como conflictos potenciales existen en la sociedad. El objetivo de ETA no es, como sería el caso de algunos colectivos radicales, demostrar la superioridad de los movimientos sociales sobre las instituciones, sino, primero, probar que es la intervención de la organización armada lo que hace eficaces a esos movimientos; segundo, que las instituciones son incapaces de poner coto a la violencia que ETA despliega en torno a los movimientos en que interviene, y tercero, que, por tanto, hay que contar con ETA para cualquier solución. En esas condiciones, difícilmente podrá considerarse que la concesión de la Diputación de Guipúzcoa pueda ayudar a los supuestos sectores aperturistas de HB (o de ETA) a convencer a los intransigentes que sostienen que la lucha armada es más útil y necesaria que nunca.

De hecho, ha sido después de esa corícesión cuando la dirección de HB ha tratado de imponer condiciones (relacionadas con el reconocimiento de ETA como interlocutor) previas al inicio del diálogo. A tal punto ha llegado la escalada de los radicales que el PNV se ha visto obligado a anunciar la suspensión de las conversaciones. Pero ello equivale a reconocer que, o bien no era cierta su apreciación de que "algo se mueve" en ese mundo, o bien la concesión de la autovía ha interrumpido dicho movimiento. Es cierto que los políticos tienen la obligación de intentar resolver los problemas, pero no a costa de crear otro mayor. En este caso, reforzando la capacidad de chantaje de ETA en relación a otros posibles conflictos. La responsabilidad de los políticos, incluidos los del Ministerio del Interior, era alertar sobre ese riesgo a una población muy desorientada por las ciabogas de sus representantes.

Esa desorientación ha aumentado con afirmaciones como las de Arzalluz en el sentido de que "no se notará mucho" la eventual ausencia de los partidos de Aznar y Garaikoetxea.del Pacto de Ajuria Enea, o la de que dicho pacto se mantendrá "aunque sólo queden dentro el PNV, el PSOE y Euskadiko, Ezkerra". Ese pacto es un compromiso por el que cada partido renuncia a sus planteamientos particulares en aras de la necesaria unanimidad de los demócratas. Nacido precisamente para evitar que cada partido fuera por su cuenta en estos temas, no tiene sentido si implica la ruptura de ese consenso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de abril de 1992