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El PSOE sugiere un pacto para saldar deudas por derechos de autor

El Congreso aprueba la ley de Propiedad Intelectual reformada

El Grupo Socialista anunció ayer que presentará una enmienda al proyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual -aprobado ayer por el Congreso- cuando ésta se tramite en el Senado. El PSOE pretende que los atrasos adeduados por importadores y fabricantes a los creadores y artistas desde julio de 1989 se calculen no de acuerdo con los cánones que prevé la ley modificada -unos 17.000 millones de pesetas-, sino en diálogo entre ambas partes, lo que supondrá una segura rebaja sujeta a negociación.

Con esta marcha atrás respecto a lo previsto incialmente por la modificación de la ley de Propiedad Intelectual, los socialistas no quieren echar más leña al fuego en el debate que enfrenta a creadores y a fabricantes e importadores de fotocopiadoras, discos, compactos, casetes y cintas audiovisuales. Los empresarios de este sector están realizando una, intensa campaña de publicidad en la que aseguran que la entrada en vigor de la ley repercutirá sobre el consumidor.Ello sumado a la flexibilización que muestran las asociaciones que agrupan a autores, artistas y creadores han propiciado la iniciativa tomada por el PSOE. Teddy Bautista, vicepresidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), eludió criticar la decisión de la mayoría socialista. Bautista dijo que las relaciones de la SGAE con el Ministerio de Cultura siempre ha sido buena y reclacó, respecto al perdón de la deuda a fabricantes e importadores, que los autores siempre han estado y están dispuestos a negociar. El vicepresidente de la SGAE recordó que fueron los fabricantes e importadores quienes rompieron el diálogo impidiendo la aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual que ahora, de forma más coercitiva, ha sido reformada por el Congreso de los Diputados.

El redactado de la ley de 1987 subordinaba la cantidad a percibir por los creadores a las negociaciones entre éstos y los importadores y fabricantes. La retirada de estos últimos de la mesa de negociaciones obligó a Gobierno a redactar una modificación de la ley en términos más duros y coercitivos para los empresarios. Este texto fue aprobado ayer por la Comisión de Educación y Cultura con competencia legislativa plena, con los votos de todos los grupos parlamentarios excepto el Popular que se abstuvo. Los socialistas, sin embargo, no pudieron suavizar un poco el texto e introducir la enmienda transaccional que deja en manos de la negociación, en lugar de al cumplimiento estricto de la ley, el asunto de los atrasos.

Los socialistas justificaron su cambio de actitud en que no sería justo aplicar estos cánones que serán aprobados en 1992 a asuntos económicos que se arrastran desde 1989, según manifestó el portavoz Salvador Clotas. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Cortés, expresó la oposición de su grupo a que la ley cuantificara las cantidades a percibir por los autores por venta de fotocopiadoras, casetes o cintas de vídeo y acusó de incompetencia al Ministerio de Cultura por haber sido incapaz de aplicar la ley en 1987.

Baltasar Garzón, de Izquierda Unida, expresó su rechazo la reducción en el pago de atrasos que propugnan ahora el Grupo Socialista. PNV y CiU lamentaron la escasa sensisibilidad autonómica que a a su juicio plantea la ley, contra la que los Gobiernos vasco y catalán tienen presentado recurso de inconstitucionalidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de abril de 1992