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La última batalla por Cabrera

Los clubes náuticos quieren modificar la ley que declara al archipiélago parque nacional

La batalla por Cabrera, que los ecologistas comenzaron hace ya 20 años, aún no ha terminado, aunque las Cortes Generales declarasen parque nacional a este archipiélago en abril de 1991. En los próximos días, el Parlamento balear debatirá la iniciativa popular. legislativa, promovida el pasado verano por los clubes náuticos, con la que se busca modificar aquellos artículos de la ley que declara a Cabrera parque nacional en los que se restringen algunos usos recreativos. Por contra, Greenpeace ha enviado al Ministerio de Agricultura más de 27.000 cartas en apoyo de estas restricciones.

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Aunque las tensiones están ahora más relajadas, el pasado verano se llegó a una situación tan crítica que algunos temieron una marcha atrás en la legislación proteccionista del primer parque nacional. marítimo-terrestre español. Las restricciones impuestas por el Icona, primero de forma improvisada y luego con el respaldo del Ministerio de Agricultura, fueron boicoteadas por sectores náuticos mallorquines que exigen la navegación y fondeo libres en aguas de Cabrera.La protesta derivó en un enfrentamiento político de altura en el que ciertos sectores locales quisieron implicar a la Casa Real, según diversos testimonios recogidos por este periódico. También se intentó la intervención del presidente Felipe González para que arbitrara una solución.

El problema se complicó cuando el Partido Popular asumió la protesta y uno de sus hombres significativos, el alcalde de Lluchmajor, Gaspár Oliver, se puso al frente con esta consigna: "Nos han arrebatado Cabrera y se la quieren llevar para Madrid". En este sentido, el presidente del Gobierno autónomo, Gabriel Cañellas, afirma que "la iniciativa popular legislativa pretende recuperar Cabrera para las Baleares porque existe el sentimiento de que ha dejado de ser propiedad de las islas".

Respaldo del PP

En realidad, fue el propio Cañellas quien sugirió a los clubes náuticos esta posibilidad de modificar la ley que el PP, con mayoría absoluta en el Parlamento balear, respaldará como si fuera propia.Los sectores náuticos, mantienen ahora posiciones más prudentes al margen del debate político. El presidente de la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares, Ricardo Ferrer, reconoce que "ni siquiera pretendíamos que prosperara la iniciativa popular legislativa. Sólo queríamos demostrar que contamos con el apoyo de mucha gente. Nosotros somos favorables a que Cabrera siga como parque nacional e insistimos que tanto la navegación libre como el fondeo, siempre que se haga sobre arena, no dañan este ecosistema". Ricardo Ferrer niega también que las embarcaciones de recreo sean responsables fundamentales de las toneladas de basura que se han descubierto en la zona, una acusación reiterada por Greenpeace y por el Grupo Ornitológico Balear (GOB).

La dirección del parque y los ecologistas insisten en la necesidad de controlar el número de barcos que navegan por la zona y también los lugares de fondeo que deberían limitarse al pequeño puerto de Cabrera donde caben una 75 embarcaciones. "Las anclas de los barcos", sañala Xavier Pastor, de Greenpeace, "provocan daños irreparables en las praderas de poseidonia; para nosotros no hay duda, además, de que estas embarcaciones son las que arrojan basura de todo tipo al fondo del mar".

El resultado de la polémica se verá pronto. En estos momentos está abierto el turno de alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado recientemente por el patronato, mientras se dan los últimos toques al Plan de Uso y Gestión, la norma clave en el funcionamiento del parque, que podría estar listo para el verano. El presidente del patronato, el socialista Miguel Oliver afirma: "Hay que conseguir que Cabrera sea el orgullo de todos y yo estoy convencido de que al final lo va a entender todo el mundo".

Lo más probable es que finalmente se hagan ciertas concesiones. Fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas han señalado que se podría ceder en el asunto más polémico del fondeo, permitiendo que se haga en cualquier lugar del archipiélago siempre que sea sobre arena.

Pero el parque nacional de Cabrera tiene otros frentes abiertos. El archipiélago era propiedad de la familia Feliú hasta que fue expropiado por el Ejército en 1916, alegando razones estratégicas. Los 15 herederos de Sebastián Feliú, muerto hace unos años, acaban de presentar en la Comandancia de Marina de Baleares un escrito dirigido al Ministerio de Defensa en el que se exige el derecho de reversión, ya que han desaparecido los motivos que en su día justificaron la expropiación.

El portavoz de la familia Feliú niega cualquier interés especulativo. "No hay que olvidar", dice, "que fue el propio Sebastián Feliú quien, en los años sesenta, se opuso a una operación que tenía el visto bueno del Ministerio de Información y Turismo para subastar Cabrera en el mercado internacional y explotarla turísticamente. La familia Feliú quiere que Cabrera siga como parque nacional y ya en 1977 firmó un acuerdo con el Icona en el que se comprometía a mantener el archipiélago como reserva natural si algún día recuperaba la propiedad".

Lo que en realidad quieren ahora los herederos de Sebastián Feliú, que no apoyan la iniciativa popular promovida por los clubes náuticos, es que se reconozcan sus derechos y se les ceda un sitio en el patronato.

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