El campo del fraude

YA EXISTE calificación fiscal para los delitos que se juzgarán próximamente en relación con el escándalo de las falsas peonadas. Diez años de prisión arriesga el alcalde de Iznalloz (Granada), acusado de haber certificado trabajos no realizados a muchos de sus vecinos. Trece de entre ellos, sobre un total de 300 personas investigadas, serán juzgados junto al edil. El fiscal solicita un año de cárcel para cada una de esas personas.Del millón y medio de españoles que viven del campo, la quinta parte, unos 300.000, son perceptores del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. No hay expectativas de un cambio de situación a medio plazo. Los trabajadores del campo suponen el 10% de la población activa, frente a una media del 8% en la Comunidad Europea y un porcentaje bastante inferior, entre el 3 y el 6, en los países de estructura económica más equilibrada. La mecanización del campo ha aumentado el desequilibrio entre la mano de obra potencial y las necesidades reales de la agricultura. Si multáneamente, la crisis industrial de la cornisa cantábrica, tradicional receptora de mano de obra de las regiones agrícolas, ha contribuido a aumentar la bolsa de desempleados y subempleados en los pueblos extremeños y andaluces.

Los Gobiernos han arbitrado diferentes sistemas de subsidios tendentes a paliar los efectos sociales de esa realidad. Con el fin de evitar un acomodo pasivo de los beneficiarios a su situación se han venido ensayando fórmulas que ligasen la percepción del subsidio a la realización de algún trabajo, bien de tipo estacional en el campo, bien de naturaleza comunitaria: mejoras urbanísticas en los pueblos, etcétera. En tiempos de la UCD se puso en marcha el llamado empleo comunitario, sistema que recibió las mismas críticas de clientelismo que las fórmulas ensayadas a partir de 1984 por los socialistas: el Plan de Empleo Rural (PER), que, unido a la nueva normativa de percepción de los subsidios, implicaba condicionar el acceso a los mismos -nueve pagas de unas 28.000 pesetas- a la presentación de certificados acreditativos de haber trabajado un mínimo de 60 jornadas al año.

Pero el sistema contempla la posibilidad de completar esas jornadas mediante trabajos contratados por los ayuntamientos, y ello constituye una permanente invitación al fraude. Por una parte, la paradoja de que quienes más dificultades tienen para encontrar trabajo se vean excluidos del subsidio favorece la falsificación en nombre de consideraciones humanitarias. Pero ello implica revestir a la autoridad municipal con el carácter de arbitrario agente benefactor. Por otra, crea expectativas de ingresos complementarios para personas con otras ocupaciones: amas de casa, estudiantes, incluso pequeños empresarios.

La combinación de ambos aspectos determinó fraudes masivos, como el descubierto en 1988 en Iznalloz. Fraude, por más que sea evidente que no merecen la misma consideración quienes recurrieron a él con el fin de tener acceso a la única vía de ingresos a su alcance que quienes buscaron con ello un complemento irregular de sus haberes. Así lo ha apreciado el fiscal al excluir de entrada a cuantos podrían alegar la eximente de estado de necesidad para justificar su recurso a las falsas certificaciones. Pero el asunto tiene también una dimensión política: la posibilidad de decidir qué vecinos cobrarán y cuáles no permite a las autoridades municipales desplegar prácticas discriminatorias y clientelistas. Apreciar hasta qué punto esa perversa dinámica influyó en las falsificaciones realizadas por el alcalde, y calibrar su dimensión penal, es uno de los aspectos más interesantes de un juicio que seguramente servirá de pauta para los otros pendientes en relación con el mismo asunto.