¿Otro 'catastrazo'?

LA IMPLANTACIÓN del impuesto sobre actividades económicas (IAE) a partir del 1 de enero próximo ha ,generado un confuso conglomerado de reacciones contrádictorias, propiciado por una amalgama de intereses corporativos que han dado de lado el aspecto fundamental de la cuestión: la bondad o la perversión ,de esta figura impositiva en sí misma considerada.Declaraciones inequívocamente favorables venidas desde las filas del Gobierno o desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han simultaneado con versiones contrarias no menos tajantes, que han antepuesto en algunos casos los intereses meramente partidarios -como es el caso de la campaña lanzada por el Partido Popular, en un intento por reeditar una segunda versión del catastrazo-, o con la oposición cerrada de no pocos comerciantes aniparados en organizaciones gremiales.

Organizaciones empresariales de mayor calado, Como las incluidas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, han tomado nota del nuevo gravamen, de forma más o menos reticente, sugiriendo la conveniencia de aplazarlo por un año a la vista de la confusión creada, de la que el Gobierno viene a ser el principal responsable al no haber preparado con suficiente antelación. su entrada en vigor.

El IAE integra tres figuras impositivas (licencia fiscal, radicación y publicidad y gastos,suntuarios) y tiene el doble objetivo de simplificar la tributación municipal y dar mayor autonomía fiscal a las corporaciones locales. La simplificación se persigue mediante la unificación, a través de tarifas fijadas por el Gobierno a partir de criterios sectoriales (de forma que se grava más a unas actividades que a otras), del espacio utilizado por la actividad económica y del número de habitantes de la población en que se desarrolla. Estas tarifas fueron establecidas de común acuerdo con las patronales, después de largas negociacio,nes, desde el instante en que se aprobó el marco de la ley en 1988. La autonomía fiscal de las corporaciones locales (municipios y diputaciones provinciales) se obtiene al permitir a éstas aumentar o reducir esta tarifa inicial mediante la aplicación de dos índices que, en síntesis, permiten reducir la tarifa un 50% o aumentarla hasta un máximo del 400% en los grandes municipios.

La polémica se ha desatado cuando algunos ayuntamientos han aprobado aumentos Miáximos o muy elevados, de forma que estos coeficientes, unidos a la nueva tarifa marcada por la ley para cada actividad, ha disparado los costes que hasta ahora soportaban algunos comerciantes, que en ciertos casos eran exageradamente exiguos. Pero la elevación de la presión fiscal de un municipio o el aumento del esfuerzo fiscal que se exige a un comerciante determinado a través del IAE no demuestra la bondad o maldad de este impuesto. Este aumento se debe a la voracidad recaudadora de cada municipio, que en algunos es tibia y en otros enorme, por razones que sólo el alcalde debe explicar y justificar a quienes, en definitiva, deben renovarle o retirarle la confianza a través de las urnas.

Es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sin embargo, la anormal tardanza con que se está poniendo en marcha el impuesto. Hasta el próximo 13 de diciembre no se cerrará el plazo.para que se den de alta en el censo del IAE los comerciantes y profesionales afectados por este impuesto. Y hasta el mes de marzo los ayuntamientos no sabrán cuántos contribuyentes conforman ese censo.

Estas indefiniciones han propiciado que muchos alcaldes estén aplicando en principio coeficientes muy altos con la promesa de reducirlos cuando conozcan el censo, aunque no faltan ayuntamientos que tienen la intención de mantenerlos tal cual. Los comerciantes no parecen confiar en este tipo de promesas, y algunas organizaciones gremiales han lanzado el irresponsable niensaje de boicotear el censo, actitud que se acerca más a la apología del delito fiscal que a una crítica constructiva y a una protesta consecuente por lo que legítimamente pueden considerar un aumento exagerado dé su esfuerzo fiscal.

Pero la tardanza en la creación del censo, con ser injustificable, no puede considerarse motivo suficiente para aplazar la entrada en vigor del IAE. Cadácomerciante sabe, desde que su municipio aprueba los coeficientes de aplicación, cuánto será lo máximo que pagará. Un pago que no cumplirá hasta noviembre de 1992 y que difícilmente puede desequilibrar las cuentas de su comercio al ser ésta una figura impositiva menor en comparación a las del IRPF, IVA y sociedades. Difícilmente puede aspirar a ser competitivo un comercio que juzga fundamental saber ahora si uno de los gastos que debe afrontar dentro de 12 meses será de 100.000 o de 200.000 pesetas.