La condición de profesor titular de Universidad dependerá del visto bueno estatal

ESTEBAN S. BARCIA / ALEX RODRÍGUEZ La posesión del título de doctor no será condición suficiente en el futuro para concursar a las plazas de profesores titulares que convoquen las universidades si prospera la propuesta que el Ministerio de Educación someterá al debate del Consejo de Universidades para una eventual modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). La implantación de un sistema de habilitación estatal para acceder a los concursos de titulares y la creación de la figura del profesor lector son algunas de las ideas que maneja la Administración, según el secretario de Estado de Universidades, Juan Rojo.

El ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, sugirió en el primer pleno del Consejo de Universidades del presente curso la necesidad de debatir, antes de que finalice el año, qué retoques necesita el título quinto de la LRU, relativo al profesorado.En este sentido, el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Rojo, explicó que el ministerio está abierto a las sugerencias de las universidades, y anticipó los puntos de vista de la Administración al respecto, a partir de una idea clave: "Que en modo alguno se reste autonomía a las universidades".

Una de las primeras cuestiones que se desean abordar es la dificultad de las universidades para generar el número de doctores necesario para atender a la creciente demanda de enseñanza universitaria, especialmente en algunas áreas de conocimiento. Por ello, el primer cambio que sugiere la Administración se refiere a las atribuciones del ayudante, al que en la LRU se evita calificar como profesor y se le asigna la función de mero colaborador en tareas docentes.

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El ministerio piensa que, o bien se arbitra la fórmula para que el ayudante pueda asumir mayor responsabilidad docente, o se rescata de la tradición universitaria europea la figura del profesor lector que, bajo la tutela del catedrático o del titular, pueda ejercer esa mayor responsabilidad, pese a no ser aún doctor. Esta fórmula, según Rojo, evitaría que se disfracen bajo la condición de profesor asociado contratos de docentes no numerarios con plena dedicación, cuando la ley define al asociado como un "especialista de reconocida competencia que desarrolla normalmente su actividad -fuera de la Universidad".

Pero el principal cambio que baraja el ministerio es la posible implantación de un sistema de habilitación para adquirir la condición de profesor titular. La habilitación, que ya se consideró en proyectos previos a la vigente ley universitaria, dependería de tribunales compuestos por especialistas en el área de conocimiento correspondiente constituidos mediante sorteo puro entre los de todas las universidades.

Con la nueva fórmula no se hurtaría a las universidades la capacidad para seleccionar a sus titulares. "Sería sólo un requisito añadido a la posesión del título de doctor que hoy se exige", precisó Rojo, "puesto que las universidades seguirían convocando libremente las vacantes de que dispongan y seleccionando autónomamente a los candidatos, ahora habilitados".

Un tercer aspecto es el relativo al profesorado de escuelas universitarias. El ministerio considera innecesario mantener la exigencia del título de doctor para los catedráticos de este nivel en aquellas enseñanzas que conducen a un título terminal de rango de diplomatura. Posiblemente se declararía a extinguir el actual cuerpo de catedráticos y, simultáneamente, se establecerían dos niveles o categorías de titulares de escuelas universitarias, en función de su capacidad para la investigación y la dirección de departamentos.

Plan especial

Al margen de estas reformas, el ministerio se propone concretar de inmediato el reiteradamente anunciado plan especial para las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, las más afectadas por la creciente demanda estudiantil junto a la evidente carencia de graduados interesados por la docencia.

El ministerio se propone publicar dentro de este mismo mes una convocatoria especial de becas para estudiantes "colaboradores", de una cuantía inicial de unas 30.000 pesetas mensuales, para atraer hacia la actividad docente e investigadora a alumnos de los dos últimos cursos de la carrera. Estos becarios, mientras finalizan sus estudios de licenciatura, estarán especialmente vinculados a los seminarios y departamentos de sus respectivas facultades, realizando trabajos concretos que se les encomienden para su ejecución durante el año académico.

De otro lado, la Administración central va a dotar a las facultades de Derecho y Económicas del territorio dependiente de su gestión directa, también dentro de este mismo curso, de personal especializado en informática aplicada a la documentación y bibliotecas, y destinará unos 70 millones de pesetas para la ampliación de sus fondos bibliográficos.