Cientos de asociaciones esperan la ley

La próxima aprobación de la denominada Ley del Mecenazgo aclarará la situación para cientos de entidades sin ánimo de lucro, que llevan meses esperando que se regule su situación fiscal. Empresas, bancos, cajas de ahorro y particulares destinan todos los años importantes fondos a este tipo de fundaciones y asociaciones de interés social, sin que hasta el momento tuvieran un tratamiento fiscal acorde con la situación y con lo que sucede en otros países.El anteproyecto de Ley define claramente qué requisitos son necesarios para que una sociedad se pueda beneficiar de estas ventajas fiscales. Se incluyen en la lista las fundaciones clasificadas o inscritas en el registro correspondiente y las asociaciones declaradas de utilidad pública, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

Perseguir fines de asistencia social, educativos, cívicos, culturales, científicos, deportivos, de fomento de la economía social o de defensa del medio ambiente natural.

No realizar actividades mercantiles carentes de relación con los fines anteriores:

Destinar a la realización de dichos fines al menos el 90% de los rendimientos que obtengan por cualquier concepto.

No detentar, directa o indirectamente, participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles.

Rendir cuentas anualmente al órgano del protectorado correspondiente, cuando se trate de fundaciones. En el caso de asociaciones declaradas de utilidad pública, dicha información se efectuará antes del 1 de julio de cada año, ante el Ministerio del Interior o, en su caso, ante el departamento correspondiente de las Comunidades Autónomas.

Aplicar su su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de fines de interés general análogos a los realizados por las mismas.

Por el contrario, el borrador establece que no se considerarán entidades sin fines lucrativos aquéllas en las que asociados y fundadores y sus cónyuges o parientes, hasta el segundo grado inclusive, sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios. Con ello, el Ministerio de Economía y Hacienda pretende limitar la posibilidad de crear entidades de este tipo para evitar el pago de impuestos, sin que realmente tengan interés social.