Derrabe general

LA RACIONALIDAD económica no debe ser el exclusivo criterio inspirador de las decisiones de política económica, singularmente de aquellas que tienen que ver con problemas como el empleo u otros de eminente dimensión social. Del mismo modo resulta descabellado pensar que puede prescindirse de manera permanente de tal criterio sin que ello acabe afectando no ya sólo a la economía como tal, sino a la justicia social en sí misma. No es muy popular decirlo en vísperas de una huelga general como la convocada para mañana en Asturias, y que seguramente -a juzgar por lo heterogéneo de las fuerzas que la apoyan- contará con un amplio seguimiento. Pero nadie ignora en esa región que la situación de las minas de carbón agrupadas en la empresa Hunosa es insostenible. Las subvenciones con cargo a los presupuestos destinadas a cubrir las pérdidas de su explotación se han multiplicado por tres desde 1981. Ya entonces se sabía que las posibilidades de hacer rentables las extracciones eran nulas. Lo que entonces no se hizo por falta de voluntad política tendrá que abordarse ahora en condiciones notablemente más desfavorables. Y si, por efecto de presiones combinadas como la que se expresa en esta huelga general, tampoco se abordase ahora el problema de fondo, tal vez dentro de algunos años sea imposible solución alguna. Sencillamente, porque ningún Gobierno responsable, cualquiera que sea su signo, soporta una hemorragia de dinero como la que se está enterrando en la minería asturiana.

El plan de reconversión de Hunosa puede hacerse de manera ordenada o precipitadamente, pero lo que no es posible es hacerlo sin tocar las plantillas actuales. El mineral que se extrae de los pozos de Hunosa contiene una proporción de carbón apenas superior al 50%, muy por debajo de los índices registrados en los principales yacimientos del mundo (y aun de otros pozos de la propia Asturias). Ello hace que cada kilogramo de carbón extraído cueste hasta tres veces su valor en el mercado. En otras economías, un dato así habría significado el cierre inmediato de las explotaciones. Si aquí se ha procedido de manera diferente ha sido en atención al peso de los argumentos sociales esgrimidos: una cuenca cuyos 200.000 habitantes dependen básicamente de la mina. Pero para que resulte aceptable que los impuestos de todos los españoles financien el elevado coste de una reconversión -unos 250.000 millones de pesetas en jubilaciones anticipadas y otras medidas- será preciso obtener garantías de que las subvenciones a la explotación no seguirán aumentando indefinidamente.

Las pérdidas de Hunosa en 1991 alcanzarán, según acaba de reconocer su presidente, los 65.000 millones de pesetas, un 300% más que en 1981. A este ritmo, el desembolso del Estado en subvenciones a fondo perdido podría alcanzar de aquí al año 2000 una cifra superior al billón de pesetas. Parece evidente que tal cosa no sería aceptable, no ya para los Gobiernos que dirijan la política española durante esta década, sino para el conjunto de los ciudadanos. La discusión, entonces, habrá de orientarse a determinar el ritmo y los plazos de la reducción de plantilla necesaria para detener ese deslizamiento; pero el ajuste es inevitable. Y ello porque la alternativa no es disfrazar las subvenciones (que penaliza la CE) con otros nombres, sino el cierre inmediato de todos los pozos que no sean rentables.

Pero el problema de Asturias no se acaba con la solución de Hunosa, sino mediante la creación de las mejores condiciones para la reindustrialización -pública y privada- de la región y, más ampliamente, de toda la cornisa cantábrica, afectada de forma específica por la crisis de las industrias de chimenea y de una buena parte de la empresa pública industrial. Para ello no es precisamente lo mejor el clima generado por una huelga general, sino el pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios.