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Tribuna:DEBATE SOBRE EL SERVICIO MILITAR
Tribuna
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Las obligaciones militares de los españoles

Ante el debate parlamentario sobre la ley orgánica del servicio militar, el autor pasa revista a la evolución producida en los cuadros del Ejército, pero también en la opinión pública, sobre el sistema de reclutamiento obligatorio, así como a los argumentos esgrimidos por quienes propugnan un Ejército profesional.

"Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España", según reza el artículo 30 de la vigente Constitución. Enseguida, el apartado segundo de ese mismo artículo añade: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria".El debate actual, al hilo de, la discusión parlamentaria del proyecto de ley orgánica del servicio militar, considera la posibilidad de que en nuestro país se suprima la recluta obligatoria y se adopte el voluntariado como base de unas Fuerzas Armadas estrictamente profesionales. El texto constitucional ha sido esgrimido por algunos para sostener la imposibilidad de ese cambio, a menos que se enmendara su artículo 30. Pero si se diera un amplio consenso de los grupos parlamentarios para eliminar el servicio militar obligatorio, ya se encargarían los expertos de encontrar una hábil interpretación que no rozara el larguero de la carta magna.

Decisión audaz

Sería interesante remontarse al debate constitucional de 1978 para conocer las razones que llevaron a incluir la mención del servicio militar obligatorio y a citar la objeción de conciencia como una de las causas de exención. Con las ideas y el ambiente de deferencia hacia las Fuerzas Armadas que prevalecía entonces entre los constituyentes, el mantenimiento del servicio militar obligatorio quedó fuera de debate. Entre otras causas, porque era considerado un principio irrenunciable por los cuadros de mando a los que no se quería imitar. Además, la cuestión del reclutamiento forzoso o voluntario había sido ajena a la reflexión de los partidos políticos recién recuperados en la naciente democracia. La mención constitucional al servicio militar obligatorio parece consecuencia del campo gravitatorio político de aquel momento. Por el contrario, lo que podía percibirse entonces como una decisión audaz era que la objeción de conciencia ilgurase entre las causas de exencion para cumplirlo. Sobre todo si se recuerda que en las postrimerías del franquismo un tímido intento de dar cobertura legal a la objeción de conciencia desencadenó visibles malestares mifitares y se saldó con la destitución de algunos oficiales generales condescendientes con esa herética modernidad.

Aclaremos que la universalización del servicio militar sólo llegó a institucionalizarse bajo el régimen de Franco. Las versiones anteriores a la guerra civil incluían dispositivos para la reducción temporal del servicio mediante el pago de cuotas, es decir, discriminaban a los sectores sociales con rentas inferiores. Ellos pagaron el mayor tributo de sangre en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas y en las campafías de Marruecos. Durante el pasado régimen, la composicion de los ejércitos no era el resultado de evaluaciones y análisis de las amenazas exterio res. Ni el servicio militar obliga torio era el resultado de las nece sidades de la defensa nacional, sino un acto de sumisión de la so ciedad civil ante sus salvadores militares. Los mozos de cada contingente anual quedaban en tregados a los oficiales de carrera durante un periodo, tras el cual eran devueltos con-todas las va cunas, también las morales, hábiles ya para ser ciudadanos de provecho. Algunos eran alfabeti zados, otros adquirían rudimen tos de distintas destrezas profe sionales y la mayoría vivía unos meses de ociosidad sin descanso o desempeñaba tareas domésticas al servicio de la oficialidad. El caso es que nadie sintió durante décadas la necesidad de justificar el servicio militar obligatorio, que caía por su propio peso. Pero, disueltos aquellos fundamentalismos, afloró la precariedad doctrinal. Al mismo tiempo que el culto a la eficacia ganaba terreno de la mano de los compromisos internacionales asumidos con la integración de la Alianza Atlántica. En los ejércitos, el recelo a las innovaciones técnicas fue sustituido por la obsesión contraria. Se anunciaban los tiempos del deslumbramiento ante el arsenal barroco que describió Mary Kaldor.

A partir de ahí, como para manejar los nuevos sistemas de armas se precisan manos cada vez más expertas, los cuadros de mando han abandonado su anclaje favorable al servicio militar obligatorio y se han convertido en fervientes partidarios del voluntariado, de la profesionalización de los efectivos de tropa. Bajo esta óptica, el contingente del servicio militar obligatorio se ha convertido en un lastre paralizador, que entorpece el funcionamiento de las unidades.

La argumentación en pro de la defensa como una tarea de todos y del servicio militar obligatorio como garantía de la conexión entre la sociedad y los ejércitos ha sido abandonada. Ahora la confianza de los responsables militares se deposita en las capacidades tecnológicas de los sistemas de armas y en la profesionalidad de quienes los empuñan. Las anteriores declamaciones sobre el soldado español, su resistencia, su valor, su austeridad, sus condiciones y virtudes para el combate se han evaporado. Sólo parecen quedar las armas y los tecnólogos a su cargo.

Los cuadros de mando han virado desde la irrenunciabilidad a la desafección por el servicio mil¡tar obligatorio. Simultáneamente, nuevas percepciones han modificado el concepto que la mayoría social tenía de esos deberes castrenses. Precisamente ahora, cuando las condiciones en que se cumple el servicio militar empiezan a mejorar y las anomalías que puedan darse adquieren perfiles de excepción escandalosa y acarrean sanciones ejemplarizadoras, se han agudizado en el pú,blico las opiniones adversas generadas por los accidentes registrados, por las depresiones causadas, por los abusos de las novatadas, por el obstáculo que impone la permanencia en fflas para la continuidad escolar o laboral.

Atentos a este clima, algunos partidos, empezando por el CDS, incluyeron la cuestión en sus programas electorales. Se abrió así una puja en torno al tiempo de prestación en activo del servicio militar obligatorio. Los centristas, en la campaña electoral de 1989, ofertaron tres meses, con muy buena acogida entre los jóvenes y sus familias. El resto de las fuerzas políticas hubo de acompasarse a esta sensibilidad del electorado. El PSOE, por ejemplo, se apresuró a comprometerse con una mili de nueve meses, mientras descalificaba los tres meses centristas, tildando la propuesta de mili por correspondencia. A partir de la campaña de 1989 la tendencia reductora del servicio militar obligatorio adquirió un carácter progresivo y se convirtió en enseña progresista.

Demanda creciente

La supresión del servicio militar obligatorio ha pasado a ser una demanda creciente incorporada por los partidos a sus programas, una vez que los cuadros de oficiales permanentes han retirado su adhesión a ese sistema de recluta. Según todos los indicios, en muy poco tiempo el partido socialista quedará en solitario, en pugna con sus propias juventudes, defendiendo la conscripción universal obligatoria. En tanto que el Gobierno, sin variar los principios, introduce paulatinamente la recluta de voluntarios profesionales.

Ahora que se debate el proyecto de ley orgánica del servicio militar debe recordarse que vendrá a sustituir a otra promulgada en 1984 por otro Gobierno socialista. Claro que el entonces titular de la cartera de Defensa, Narcís Serra, concedió tan escasa relevancia a esa ley que ni siquiera compareció ante el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto y protagonizar el debate de totalidad.

Tras 10 años ayunos de debate sobre la defensa, si se exceptúa la permanencia en la Alianza, que hubo de ser ratificada en referéndum, los partidos y los expertos de ocasión, movidos por el espíritu de la golosina, toman a su antojo del escaparate internacional los elementos más exóticos para sumarlos en la formulación de sus propuestas. El papel todo lo resiste: quieren que nuestros gastos de defensa se sitúen por encima del 2% del PIB; propugnan un reclutamiento voluntario al que misteriosamente se sentirán atraídos los mejores; diseñan unas fuerzas de intervención rápida capaces de proyectarse impecablemente fuera de zona; reivindican la adquisición de unos sistemas de armas de tecnología punta, y cuando la macrocefalia de nuestras Fuerzas Armadas, problema endémico surgido de las guerras de África y de la continenda civil, parecía reabsorberse, pretenden volver a ella como recurso para facilitar el encuadramiento de reservistas en situaciones de emergencia.

En un instante, mediante un cuidado malabarismo dialéctico, han desaparecido de nuestra consideración los casos de Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania y, más allá de la OTAN, los de Suecia, Austria, Irlanda. El hábil y rápido escamoteo de algunos pretende dejarnos únicamente a la vista los ejemplos categóricos del voluntariado profesional vigente en el Reino Unido y Estados Unidos.

El-ffiantenimiento del servicio militar obligatorio podría tener sentido en España, pero sobre bases doctrinales análogas a las de las dos primeras series de países citados en el párrafo anterior. Lo que la sociedad y la opinión pública aguantan cada vez peor es un servicio militar obligatorio entendido como derecho de pernada de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad, justificado por su pretendida o real labor alfabetizadora o de formación profesional, dedicado a labores domésticas compensadoras de la paga poco brillante de los oficiales, decaído en sus programas de instrucción hasta merecer la definición de ociosidad sin descanso, o convertido en lugar para que las jóvenes generaciones vivan un periodo de incertidumbre sobre la vigencia de los derechos y libertades fundamentales que consagra la Constitución.

es periodista.

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