El acceso de la derecha al Ayuntamiento de Valencia reabre la guerra lingüística

La polémica por la naturaleza de la lengua autóctona, que enfrentó a los valencianos al comienzo de la transición, vuelve a agitarse. Cuatro formas diferentes de escribir el valenciano comienzan a reflejarse en textos emanados de las instituciones. El acceso de Unión Valenciana (UV) en el Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, donde ha pactado con el Partido Popular (PP), altera el tranquilo panorama de los últimos años. Asimismo, las indecisiones en la lengua utilizada en Canal 9, donde el pasado verano se intentó, sin éxito, la censura de 543 palabras contribuyen al conflicto.

El tenor madrileño Plácido Domingo se trasladó a México cuando era un chiquet (niño). Así se explicaba en el programa de mano repartido en el Palau de la Música de Valencia el pasado día 21. Ningún filólogo universitario del mundo escribiría chiquet, sino xiquet. Sin embargo, al nuevo delegado de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Vicente González Lizondo, de UV, defiende un valenciano diferente del aprobado por las universidades y por la Generalitat. Lizondo cree que valenciano y catalán casi nada tienen en común.El acceso de Lizondo a la delegación de Cultura, desde donde aplica sus criterios lingüísticos, ha provocado ya enfrentamientos con intelectuales. El director de la Mostra de Valencia/Cinema del Mediterrani, José María Morera, presentó su dimisión el pasado martes. Lizondo le indicó que debía subtitular en castellano las películas catalanas que se proyectaran.

La polémica por la naturaleza del valenciano no es alentada únicamente desde el Ayuntamiento de Valencia. El director general de Rádio Televisió Valenciana (RTVV), Amadeu Fabregat, nombrado por el Consell socialista, intentó el pasado verano prohibir 543 palabras "excesivamente catalanistas". Las consecuencias de este hecho aún colean. En una asamblea celebrada el pasado jueves, los trabajadores de Canal 9 hablaron de "venganzas" de Fabregat contra los lingüistas, a consecuencia de la oposición de éstos a la censura. Fabregat ha declinado realizar declaraciones a este periódico en reiteradas ocasiones.

Así las cosas, cuatro formas diferentes de escribir el valenciano comienzan a emanar de diferentes organismos públicos. Por una parte, tanto la Generalitat, que controla el PSOE; como las universidades de Valencia, Alicante y Castellón, y los programas informativos de Canal 9 emplean una lengua respaldada por los expertos. Diferencias en la conjugación de verbos, y la utilización de algunos vocablos separan esa lengua de la catalana.

Por otro lado, presentadores de algunos programas de Canal 9, así como determinadas películas dobladas al valenciano, promueven un idioma correcto en esencia, pero con utilización de castellanismos, que separan más el habla valenciana de la catalana.

Otro valenciano comienza a emanar de los ámbitos que controla UV en el Ayuntamiento de Valencia. En ese valenciano no se utilizan los acentos, excepto aquellos colocados sobre la letra a. Se emplean arcaismos o castellanismos, según convenga, para diferenciar más.

Finalmente, el PP mantiene una posición ecléctica. El primer bando de la alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, estaba redactado en un valenciano suscribible por la Generalitat con sólo un par de concesiones a UV.

"Son otros quienes desean abrir la guerra lingüística", respondió airado González Lizondo a preguntas de EL PAÍS. "Se trata de guerras de distracción de la derecha, que no posee un modelo culturaW, estima Andreu López, consejero socialista de Cultura. Eliseu Climent, secretario general de Acció Cultural, una entidad que agrupa a más de 7.000 personas, considera, por el contrario, que la derecha sí tiene un modelo cultural. "Se trata de un modelo liquidacionista de la cultura valenciana", explica i Climent añade: "La polémica ralentizará la normalización lingüística aún más de lo que ya lo hacen los socialistas".

El rector de la Universidad de Valencia, Ramon Lapledra, califica de "muy amenazada" la situación del valenciano. Y considera que, en lugar de alentar polémicas, los cargos públicos deben utilizar sistemáticamente la lengua autóctona en sus apariciones públicas. "En este marco, discutir sobre unas normas ortográficas aprobadas en 1932, supone dar un paso atrás", señala.