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CARTAS AL DIRECTOR

ApIiquen las leyes

Es triste, lamentablemente triste, que vayan a cumplirse próximamente 16 años desde que el rey Juan Carlos I accedió a la jefatura, de Estado, volviendo con ello a implantarse la legalidad democrática, y que todavía no haya sido aplicada la amnistía a diversos colectivos que sufrieron importantes lesiones en sus derechos a consecuencia de la guerra civil. Nuestro caso es uno más entre los muchos que están pendientes de resolver por la Administración (ministerios de Economía y Hacienda, Defensa e Interior), aunque, al recurrir a la vía jurisdiccional, la Administración de justicia (Audiencia Nacional y audiencias territoriales) haya dado la razón a casos individuales de este pequeño colectivo.Los componentes de este colectivo, guardias de seguridad y asalto ingresados con anterioridad al 18 de julio de 1936 y por tanto profesionales a todos los efectos, permanecieron durante el periodo de guerra civil en zona de la Repúblíca prestando los servicios de su clase, por lo que fueron sancionados (degradados y depurados) al acabar la guerra, reingresando en el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico hasta su retiro del cuerpo, sin serles nunca reconocidos los empleos que les fueron anulados. Este colectivo lleva 15 años reivindicando sus legítimos derechos ante la Administración, no siendo atendidas debidamente sus peticiones.La Administración actual considera que no es aplicable la legislación de amnistía a este colectivo (leyes 46/1977 y 37/1984) argumentando que "continuaron en el servicio activo", y estableciendo, por tanto, una discriminación entre este colectivo y el de otros compañeros que fueron separados del servicio activo al terminar la guerra civil. Sin embargo, la ley no discrimina entre los que fueron separados y los que continuaron en servicio, sufriendo ambos lesiones en sus derechos.Aunque se hayan hecho indudables esfuerzos por parte del actual Gobierno y los anteriores, desde 1976, para resolver estos problemas, al acercarse 1992 quedan muchos de ellos por resolver, siendo obligados los afectados a recurrir (los menos) en la vía jurisdiccional a la solución de sus problemas, que previsiblemente no llegarán a ver en razón de sus avanzadas edades.

Únicamente pedimos que se apliquen correctamente las leyes que el Parlamento ha aprobado y para todos los colectivos implicados que, habiendo acreditado sus derechos ante la Administración, esperan que los mismos les sean reconocidos y que se cierre definitivamente esta triste etapa de la historia de España.- Hijo de un guardia de seguridad y asalto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de julio de 1991