Complaciente OCDE

EN UN contexto internacional que se caracterizará por la recuperación de las principales economías industrializadas en los próximos 18 meses, la Organización para la Cooperación y el Desarrolló Económico (OCDE) prevé para la española tasas de crecimiento que seguirán siendo superiores -2,9% y 3,3% en 1991 y 1992, respectivamente- a las de la mayoría de esos países. El informe destaca el favorable comportamiento de la inversión y de las exportaciones, a la vez que señala la divergencia de las tasas de inflación previstas respecto a los objetivos fijados por el Gobierno español. La contención en el crecimiento de los salarios y la mejora de la productividad no impedirán, según esas previsiones, que la tasa de inflación alcance el 6,1% al término de este año, para descender al 5,5% en 1992. La presión de la demanda interna que caracterizó el reciente periodo de expansión de nuestra economía cederá en su componente de consumo privado, desviando una mayor parte de la oferta hacia la exportación; junto a ello, el menor crecimiento de las importaciones determinará descensos en el desequilibrio exterior. Con todo, el ritmo de reducción del desempleo será inferior al de los últimos años, manteniéndose en tasas del 15,9% en 1991 y del 15,6% en 1992.Esa expansión equilibrada prevista por la OCDE descansa en un supuesto que no está en absoluto garantizado: el mantenimiento de la orientación restrictiva de la política presupuestaria. El tono complaciente del informe no impide destacar las dificultadespara la reducción del déficit presupuestario y la eliminación de algunas de las peculiaridades de nuestras finanzas públicas. Respecto al primer aspecto, la tendencia creciente del gasto público de las administraciones autónomas se constituye en una amenaza tanto más importante cuanto que el desequilibrio de las mismas representa ya una tercera parte del correspondiente al Gobierno central, con una tasa de crecimiento del gastó público que duplica la del Gobierno de la nación. La peculiaridad del sistema de ingresos públicos tampoco puede ser pasada por alto: el descenso en la recaudación de impuestos indirectos, motivada por el importante fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), ha sido compensado por los ingresos derivados de la imposición sobre la renta de las personas fisicas, sobre la que sigue recayendo la contribución más importante al mantenimiento de un ritmo de crecimiento del gasto público paralelo al del producto nacional.

Las sugerencias relativas a la política presupuestaria cobran toda su relevancia en el contexto de la contribución que la misma debería realizar para la consecución de la competitividad que la economía española precisa para afrontar las implicaciones de su inserción en un espacio económico más amplio e integrado. La definición de propósitos que el Gobierno ha hecho en el pretendido pacto de competitividad carece de actuaciones suficientemente detalladas tendentes a la eliminación de esas anomalías en la generación de ingresos y de esa falta de contención en el gasto público de los Gobiernos autónomos. Por ello, la amplitud de ese plan -de su contenido y de sus eventuales firmantes- ha de superar el estrictamente asociado a las directrices convencionales de política de rentas para incluir los esfuerzos de la propia Administración pública en la reducción de sus ineficacias. Por lo pronto, el objeto de reducir a cero el déficit presupuestario al término de 1992 ha sido ya cuestionado por el propio secretario de Estado de Hacienda.

El horizonte en el que se localiza ese reto de competitividad para la economía española incorpora igualmente la transición a la unión económica y monetaria, en el seno de la cual la disciplina presupuestaria es una condición básica, al igual que la ortodoxa financiación de los desequilibrios presupuestarios. La no por tópica menos necesaria convergencia de nuestra economía con las llamadas a dirigir ese proceso de integración exige igualmente la de los compo rtamientos de las administraciones públicas llamadas a configurarlo.