La tragedia de un español en Chile

La hija de un español asesinado por los servicios secretos de la dictadura de Pinochet en 1976 presentó una querella ante un tribunal chileno por la muerte de su padre, Carmelo Soria. "Quiero justicia", afirmó Carmen Soria, fotógrafa de 31 años, de nacionalidad chilena y española. En 12 líneas, el informe de la comisión sobre los atropellos durante el régimen militar entre 1973 y 1990 relata este caso.

Soria fue secuestrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), quienes despeñaron su coche para que pareciera una muerte accidental. La víctima, un republicano refugiado en Chile, hijo de Arturo Soria, era funcionarlo de las Naciones Unidas y militante del Partido Comunista Español.Una ex colaboradora de la Dina declaró a la comisión haber oído a dos agentes jactarse de matar a Soria. Uno de ellos, Ricardo Lawrence, oficial de carabineros, obligó a Soria a beber una botella de pisco. "Después le metimos en el auto y le despachamos".

Soria es uno de los cinco españoles muertos por agentes estatales durante el régimen militar. La querella pide reabrir el proceso de este caso, que fue sobreseído en 1979 como un homicidio por terceros no "reconocidos". La familia Soria tuvo que abandonar Chile en septiembre de 1976, después de ser amedrentada y de que la Dina detuviera a un pariente y a un amigo, desde entonces desaparecidos.

"El Gobierno español debe sumarse a la querella", pide Carmen Soria. Ella acudió a la justicia chilena como un acto de civilización, y si no, "¿a quién?", pregunta. La ley de amnistía dictada por el Gobierno militar, que cubre el periodo de la muerte de Soria, no impide investigar, dice.

Escepticismo

"Es insólito que en la democracia todos los violadores de los derechos humanos estén libres y todavía haya presos políticos", comenta Carmen Soria escéptica. Este escepticismo es ampliamente compartido en medios judiciales. En 15 meses de Gobierno democrático no hay ningún responsable de atropellos procesado, condenado o en la cárcel, señaló Carlos Margotta, jefe jurídico de la comisión chilena de Derechos Humanos. Un agente reconocido por testigos como miembro del grupo que secuestró a un periodista acribillado a tiros, que estaba procesado, .fue liberado por decisión de la Corte Suprema.El informe sobre los derechos humanos dado a conocer en marzo por el presidente, Patricio Aylwin, permitió saber la verdad. Pero las organizaciones de familiares de las víctimas critican la impunidad de los criminales. El Gobierno, que responsabiliza al Poder Judicial y a la Corte Suprema, exhorta a los tribunales a cumplir con su misión, y anunció el envío al Parlamento de una reforma de la justicia.

Los límites de una transición en la cual el ex dictador conserva la jefatura del Ejército explican también la impunidad como precio de un proceso estable. La democracia no resiste a 1.000 o 2.000 militares en la cárcel, indicó un alto funcionario. Antes de dejar la presidencia, Pinochet advirtió que si tocaban a sus hombres se acababa el Estado de derecho.

En una declaración que causó polémica, Aylwin afirmó que "la experiencia de algunos países latinoamericanos revela cómo el empeño por obtener una plena sanción del pasado pone en peligro la estabilidad del sistema institucional". Fuentes gubernamentales sostienen que habrá justicia en los casos más connotados, pero en 15 meses de democracia todavía no ha llegado.