Un informe sobre el tráfico de órganos para trasplantes alerta a Francia

Francia tiene una legislación penosa en el terreno de la bioética, especialmente en el tráfico de órganos de seres humanos, según ha revelado un informe remitido el martes al Gobierno. Noelle Lenoir, autora del informe, encargado en diciembre de 1990 por el Gobierno para conocer el estado de la situación en estos temas, juzga "indispensable instituir sanciones penales ante la hipótesis de una utilización comercial del cuerpo humano, y pone en guardia contra los riesgos del tráfico clandestino de órganos en ausencia de una ley.

Lenoir, una eminente jurista, subraya que, "Francia se encuentra en la situación del Reino Unido en 1988, cuando se descubrió un tráfico de riñones de campesinos turcos importados por necesidad de una clínica privada londinense". Y ha hecho constar, a propósito de ello, que los periódicos anuncian ofertas de compra de órganos que hacen pensar que, efectivamente, en Francia existe ese tráfico.

Las mismas sanciones penales deberían, según esta experta, castigar a las madres estériles que utilizan a "madres alquiladas". La maternidad de sustitución, declarada fuera de la ley el primero de junio pasado por la Corte de Casación, el más alto tribunal francés, "es una explotación del cuerpo de la mujer".

Otra urgencia a legislar, puesta en evidencia por el informe, es el control de la identificación genética por los análisis de ADN. Este método de identificación a partir de muestras de sangre, esperma o cabellos es accesible al público.

El informe hace constar que el abuso de este tipo de técnica en la investigación de la paternidad, puede entrañar "efectos penosos". "Del 10 al 20% de los niños presumiblemente legítimos serían en realidad ilegítimos", dijo Lenoir, que se pronunció contra el libre acceso a estas técnicas".

El informe de Lenoir recomienda al Gobierno que se prohiba todo análisis genético que no sea realizado por una orden judicial y que estos se reserven a los laboratorios en razón de su competencia.