Universidad privada y 'dividendos'

LA RECIENTE publicación del decreto de requisitos mínimos para crear nuevas universidades ha propiciado la definición, e incluso la presentación para su reconocimiento oficial, de una serie de proyectos para la puesta en marcha de universidades privadas. La información disponible sobre dichos proyectos permite sacar algunas consecuencias, siquiera sea de modo preliminar.La primera es que los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, una vez oído el Consejo de Universidades, no parecen ser tan exigentes como se decía, a la vista de la abundancia de iniciativas y la rapidez con que van concretándose. La controvertida imposibilidad, hoy ya firme, de que un profesor pueda ejercer sus tareas docentes simultáneamente en una universidad pública y otra privada aumentará, sin duda, el número de oportunidades para profesores jóvenes formados en las universidades públicas pero con dificultades para proseguir su carrera docente en ellas. Será interesante seguir en el futuro la evolución del trasvase de profesores, indicativo seguro del poder de atracción que puedan ejercer las universidades privadas sobre los claustros de las públicas.

La segunda observación es que los proyectos elaborados hasta ahora no aclaran suficientemente sus fuentes de financiación, descontadas las tasas satisfechas por los futuros estudiantes. Hacen gala, por el contrario, de un exagerado optimismo al estar concebidos únicamente sobre la base de esas tasas y, en algunos casos, con la previsión de obtener beneficios o dividendos, como también se dice, tras un cierto tiempo de funcionamiento. Hay que decir que esos planteamientos, sostenibles sobre el papel, no tienen precedentes en otros países.

Las universidades privadas han surgido normalmente por iniciativa de personas o instituciones que desean contribuir a la mejora de la educación superior, la investigación y la cultura en la sociedad en que viven, y toman, en consecuencia, un compromiso de apoyo hacia las mismas. Así, los ingresos que las universidades privadas obtienen de donaciones y subvenciones de quienes las respaldan son, a veces, comparables a los que obtienen de las tasas de los estudiantes, por no hablar de los recursos obtenidos de trabajos de investigación contratada, lo que sólo es posible si se orientan también en esa dirección y no sólo en el sentido de cubrir las enseñanzas menos costosas y más en boga. Una universidad, pública o privada, debe ser mucho más que una academia de estudios pos-secundarios, lo que implica toda una serie de obligaciones académicas, y consecuentemente económicas, difíciles de cubrir con las solas tasas de los estudiantes.

Por último, ahora más que antes es necesario exigir a las autoridades educativas un apoyo decidido a las universidades públicas para que puedan competir dignamente con las privadas, con medios suficientes y con flexibilidad, cosas estas de las que al parecer no van a carecer las universidades privadas. En este periódico se ha reconocido el progreso registrado en las prestaciones de algunas universidades públicas, en condiciones económicas difíciles, y no sería razonable ni justo que esas universidades se encontraran en condiciones de franca inferioridad en el nuevo contexto universitario.

La aparición de las universidades privadas, que intentarán atraer a los mejores estudiantes con un perfil diferenciado, hace también obligatorio y urgente un sistema de financiación pública que tenga en cuenta las diferencias en las universidades públicas, apoyando decididamente a los centros y universidades que se esfuerzan por salir de la mediocridad y constituirse en puntos de referencia, en educación e investigación, ante la sociedad.