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Tribuna:NICARAGUA POSTSANDINISTA

La democracia difícil

El cumplimiento de lo acordado entre el gobierno de Violeta Chamorro y la oposición sandinista, y el aislamiento de sectores revanchistas, son -según los autores- la garantía de estabilidad para Nicaragua tras un año de transición.

Acaba de cumplirse un año de un acontecimiento político que convertía a la convulsionada Nicaragua en foco de información a escala internacional: el desenlace de las segundas elecciones democráticas desde el triunfo de la revolución sandinista. En efecto, la victoria popular de 1979 abría en Nicaragua el camino de las transformaciones sociales y de la democratización política. A partir de una conjunción de factores múltiples, el proceso político nicaragüense de la última década cobró originalidad y suscitó con ello la atención y el debate en torno a lo que allí sucedía.El proceso electoral de 1990 se convirtió quizá en el punto álgido de todo ese cúmulo de atracción ejercido por Nicaragua. Un año más tarde, la perspectiva cobrada nos ofrece la posibilidad de lanzar algunas reflexiones sobre el impacto del triunfo electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO) en el desarrollo político y económico de Nicaragua.

Ante todo, cabe partir de la doble consideración del proceso electoral de 1990 como elemento central de consolidación de la democracia política en Nicaragua y como factor clave de paz y reconciliación nacional, tras más de ocho años de guerra de agresión y de profunda polarización interna. Sin embargo, el triunfo electoral de la coalición derechista abría un buen número de interrogantes sobre la continuidad de ciertos aspectos fundamentales del modelo global de democratización iniciado en 1979.

El alcance de tales interrogantes habría de venir determinado por tres factores, entre los cuales se establece una tensa relación dialéctica: primero, las fuerzas burguesas recuperan el poder político en Nicaragua en y a partir del marco constitucional producto de la revolución, y no como consecuencia de la previa destrucción de éste por la vía (derrotada) de la agresión armada.

La UNO no dispone de mayoría parlamentaria suficiente para reformar la Constitución, y amplios espacios político -Institucionales se mantienen abiertos para el conjunto de fuerzas que integran el campo revolucionario. Segundo, un sector importante de la UNO cuestiona de raíz la legitimidad misma del marco jurídico-político que encauza su propia victoria en las urnas. Es decir, el núcleo radical de la coalición percibe la nueva situación como el punto de partida hacia la liquidación de -todo cuanto sea producto del modelo político anterior. Por último, el triunfo electoral posibilita a la UNO el acceso legítimo a los más importantes resortes del poder estatal. En consonancia con sus posiciones ideológicas y sus apoyos externos, tal circunstancia abre la puerta a la formulación de políticas públicas que pudieran revertir, o entrar en contradicción total o parcial, con las conquistas sociales de la revolución.

Primera transición

Entre el 25 de febrero (elecciones) y el 25 de abril (fecha del traspaso oficial de poderes al Gobierno de Violeta Chamorro), los principales actores políticos se suman al objetivo de culminar la primera transición a la vez pacífica y democrática entre dos Gobiernos de signo diferente en la historia de Nicaragua. Dichoproceso se articula en torno a dos arenas fundamentales de toma de decisiones. Por una parte, la mesa negociadora entre la dirección sandinista y el núcleo de asesores de la presidenta electa. En ella se gesta el Acuerdo de Transferencia del Poder Ejecutivo, el cual constituye el elemento central de apoyo del proceso de consolidación democrática.

Ambos actores consiguen plasmar importantes objetivos políticos: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consigue ubicar el acuerdo en torno al "pleno respeto al derecho, a la Constitución de Nicaragua y a las leyes de la República". La UNO, por su parte, hace valer su posición de fuerza electoral mayoritaria para reafirmar la supremacía del poder civil del presidente y de las instituciones de la República, y por tanto el carácter subordinado de las fuerzas de defensa y de seguridad.

Sobre estas bases, los Acuerdos de Transición recogen y destacan los cuatro parámetros político-culturales sobre los que se articula el proceso de cambio: el fortalecimiento democrático, la paz definitiva, la reconciliación y la seguridad para todos los nicaragüenses; todo ello, "tomando en cuenta los logros y transformaciones beneficiosas al pueblo hasta el momento alcanzadas". Este último elemento pone de relieve la especificidad del modelo nicaragüense de construcción democrática y el interés del FSLN en garantizar su viabilidad.

El segundo escenario fundamental de esta etapa lo constituye el proceso negociador que debía conducir a la desmovilización efectiva de la Contra. Ya la primera asamblea de cuadros del FSLN, el 27 de febrero, ponía por delante "la exigencia del in-. mediato desmantelamiento de la Contra" como garantía para unatransición pacífica y ordenada de Gobierno. El sector moderado de la UNO -con inminentes responsabilidades ejecutivas- apoya el desarme por cuanto considera que la presencia de una fuerza irregular con 10.000 hombres en el interior del país estaba llamada a convertirse en el principal elemento desestabilizador. En cambio, el ala radical de la coalición derechista se muestra reticente a aceptar el desarme contra sin la previa obtención de sustanciosas contrapartidas políticas: de forma fundamental, el desmantelamiento del - Ejército Popular Sandinista (EPS).

Contradicción

'En esta línea, el directorio de la Resistencia, al asumir la llegada al poder de la UNO como un subproducto de su actividad armada, se sitúa en posición de mantener demandas sobre el nuevo Gobierno, cuyo contenido contradice los acuerdos de transición y el marco jurídico en el que se da el relevo del Ejecutivo. La salida política a tal contradicción se forja en sendos acuerdos bilaterales. Por una parte, la Contra culmina el desarme de sus efectivos a finales de junio, queda excluida orgánicamente de todas las estructuras del poder estatal y se garantiza el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, con la confinnación de Humberto Ortega al frente de éstas. A cambio, el Ejecutivo se compromete a una reducción drástica del EPS, a la creación de 11 polos de desarrollo" con entrega de tierras para los ex contras, y a la creación de una policía rural, en esos territorios, integrada por sus propios efectivos.

Junto a la transferencia pacífica del Ejecutivo y al proceso de paz, en el periodo poselectoral-y como reverso de la moneda- germinan algunas circunstancias susceptibles de transformarse en factores potenciales de quiebra del proceso de consolidación democrática: la evolución negativa de las principales variables económicas junto a las polítícas antipopulares y fondomonetaristas del nuevo Gobierno, las extremas dificultades que enfrenta el proceso de reinserción sociolaboral de los desalzados y la conformación de un núcleo re vanchista con mayoría en el Consejo Político de la UNO.

En materia de política econó mica, las primeras decisiones to madas por el Gobierno de Viole ta Chamorro provocaron una fuerte escalada de la conflictivi

dad social: la puesta en marcha de un plan de estabilización que ignoraba la realidad de un país que salía de una guerra con altísimos costes económicos; la reducción drástica de los presu

puestos de educación, salud y bienestar social; la aprobación de los decretos 10-90 u 11-90, que atentaban contra las bases de la reforma agraria, y la sus pensión de la Ley del Servicio Cl vil, con el consiguiente despido masivo de trabajadores del sector público, fueron elementos determinantes de las huelgas de mayo y julio, que paralizaron el país. La población mostró un re chazo frontal al contenido mate rial de ciertas políticas que pro piciaban el desman tel am lento de logros populares.

En ese contexto de conflictividad se impuso la necesidad de avanzar hacia una salida negociada, y tras varios meses de enfrentamientos el Gobierno y el Frente Nacional de Trabajadores (de orientación sandinista) llegaron a la firma de los acuerdos de concertación. Sólo el COSEP -la gran patronal nicaragüense- y los sectores radicalesde la UNO quedaron al margen de tales acuerdos, por considerar que el Gobierno había realizado excesivas concesiones al movimiento sindical.

Cabe, pues, definir en la Nicaragua postsandinista un eje de confrontación entre un Gobierno que persigue la progresiva reconfiguración de las relaciones sociales hacia el modelo mayoritario imperante en Centroamérica, y una izquierda sindical y política comprometida en la defensa de los espacios de democracia socioeconómica y cultura] definidores del proyecto revolucionario. Ahora bien, tal conflicto se desarrolla básicamente en el marco constitucional.

Sin embargo, a ello se ha superpuesto una segunda dinámica de confrontación mucho más compleja y convertida en factor de desestabilización permanente. El núcleo radical de la UNO, aislado del Poder Ejecutivo y aglutinado en torno al vicepresidente de la República, Virgillo Godoy, sectores de ex contras y algunos dirigentes del COSEP han configurado una alianza de intereses alrededor de una posición de frustración ante el Gobierno -el cual no habría sido el instrumento político deseado- y de la convicción de que la nueva situación en Nicaragua creaba las condiciones para la destrucción de la opción política sandinista.

Durante la huelga de julio, los sectores godoyistas impulsaron las brigadas de salvación nacional, con el objetivo de arrancar cuotas de Poder Ejecutivo y golpear al FSLN. En diciembre, políticos locales de la UNO, ex contras y grandes propietarios agrícolas coincidieron en el apoyo a la asonada política de la Región V, capitalizada a escala nacional por Godoy, y donde se replanteó la demanda de poder político para el vicepresidente y la desarticulación del EPS.

Debate en el FSLN

Ante todo ello, el FSLN se encuentra en una posición compleja y delicada. Por un lado, y tras su derrota electoral, afrontaba un doble proceso de democratización de sus estructuras internas y de debate renovador sobre estrategias y contenido programáticos. Pero las urnas lo configuraban también como primer partido del país y el único con fuerte implantación a escala nacional, lo cual consolidaba su rol de actor fundamenial en la escena política nicaragüense.

En esta línea, la dinámica del conflicto político en Nicaragua ha colocado al FSLN en la compleja situación de configurarse como oposición firme a un Gobierno que responde a una lógica de clase burguesa tendente a desmantelar los logros sociales de la revolución, pero también -y a menudo de forma simultáneacomo apoyo al Ejecutivo de Violeta Chamorro ante los intentos desestabilizadores de la derecha radical, en consonancia con la determinación sandinista de defender la Constitución.

En el futuro inmediato, la estabilidad de Nicaragua quedará estrechamente vinculada al cumplimiento de lo acordado en la concertación y al aislamiento de los sectores empeñados en quebrar la voluntad de paz y los consensos políticos básicos.

son profesores de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de abril de 1991