300 jornaleros granadinos eximen a su alcalde de fraudes al PER

La práctica totalidad de los más de 300 jornaleros de Iznalloz (Granada) que prestaron ayer declaración ante el juez aseguró que desconocía si el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Mata, firmó o no peonadas ficticias del Plan de Empleo Rural (PER). Los braceros, en buena parte mujeres de más de 55 años, dijeron que fueron empleados por el Ayuntamiento para trabajos en la sierra tales como abrir cortafuegos, quemar romero, recoger basuras y arrancar tomillo.La declaración masiva, que duró tres horas, comenzó a las 10.00 en el centro social de jubilados de Iznalloz. Todos los jornaleros respondieron negativamente a la pregunta de si conocían que el alcalde firmaba peonadas ficticias. Los interrogados, sin embargo, señalaron al juez que sólo podían justificar que habían cobrado unas pocas de las sesenta jornadas que tuvieron que acreditar para el cobro del subsidio. Los perceptores citados por el juez coincidieron en que trabajaron todas las jornadas que les justificó el ayuntamiento en una finca municipal situada en la sierra, aunque fueron incapaces de precisar en qué lugar exacto.

La declaración puso de manifiesto que en muchas familias hay más de un perceptor. Una mujer de mediana edad declaró al juez que en su familia cobraban el subsidio sus padres y tres hermanos. Un hombre se sinceró con el funcionario del Juzgado que le atendía Y le explicó que todos conocían que el alcalde firmaba peonadas sin trabajar pero que él mismo estaba dispuesto a negarlo.

Por otra parte, representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras continuaban reunidos a primera hora de la madrugada de hoy con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval, para analizar la puesta en marcha de los acuerdos Firmados el pasado febrero sobre la reforma del régimen del subsidio agrario. Al cierre de esta edición no se habla alcanzado ningún acuerdo en la reunión, inciada a las 17.30, informa Sara García Calle.

Entre los puntos a debatir se encuentra la creación de los consejos comarcales, que, según lo acordado, deben gestionar los fondos de empleo agrícola. La intención de los sindicatos es "ver la voluntad del Gobierno para quitarles poder a los alcaldes", según Pedro Cortés, secretario general de la Federación de la Tierra de UGT. Por su parte, el representante de CC OO, José Fuentes, opina que en el decreto del Plan de Empleo Rural (PER) "no se ha tenido en cuenta las propuestas sindicales".

Durante la primera parte de la reunión se trataron las dotaciones económicas al PER. Mientras la Administración defiende que ha destinado 127.699 millones de pesetas para 1991 (un l9,7%) más que en 1990), los sindicatos reiteran que los trabajadores sólo han recibido 15.822 millones (un 3,5%) más que en el año anterior). Esta cantidad es la destinada para los convenios con el Inem, mientras que el resto del dinero es, según las centrales, para proyectos de inversión.