La CE acusa formalmente a España de atentado medioambiental contra las marismas de Santoña

La Comisión de la Comunidad Europea ha demandado formalmente al Reino de España por "incumplimiento del acta de adhesión a la CE y su tratado consultivo". En base a este documento querellante, de fecha 13 de diciembre de 1990, España deberá sentarse próximamente en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo de Luxemburgo acusado de atentado medioambiental contra las marismas de Santoña.

La Comisión abrió un expediente de infracción contra España basado en el artículo 169 del Tratado de la CE en 1987 y "ante la evidencia de los atentados medioambientales de la administraciones central y autonómica...". Las primeras denuncias sobre la destrucción de las marismas de Santoña fueron efectuadas en esas mismas fechas por dos organizaciones conservacionistas: la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arcas) cuyos representantes fueron calificados públicamente por el anterior presidente cántabro Juan Hormaechea, de "débiles mentales, subdesarrollados, estúpidos e imbéciles".La Comisión Europea dictaminó el incumplimiento de la legislación de la CE por parte de España el 29 de mayo de 1989, al igual que para el caso Doñana. "Mientras esto ocurría, las autoridades cántabras y el MOPU adoptaron la postura de acelerar el proceso destructivo, de modo que la situación alcanzase pronto un punto irreversible", explica Carlos Martín Novella, biólogo, asesor de la CE en materia de medio ambiente. Como consecuencia de esta actitud oficial, España podría pasar a ser el primer Estado miembro de la CE contra el que se dicte una sentencia "por destrucción de un espacio natural".

La denuncia de la CE hace hincapié en la construcción de la carretera Argoños-Santoña, hoy ya terminada y en uso a pesar de haber sido paralizada por dos veces a instancias de la propia CE. Cuando las obras estaban a punto de iniciarse, el comisario europeo Clinton Davis dirigió un escrito al ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, expresándole "su preocupación" por el proyecto, muy próximo, precisamente, a donde el propio ministro veranea desde hace más de 20 años (en la vecina villa de Laredo). Pese a ello, según confirman en el propio MOPU, las direcciones generales de Costas y de Medio Ambiente (dependientes de este ministerio) dieron el visto bueno a dichas obras viarias.

La polémica carretera fue construida durante el mandato del anterior presidente cántabro, Juan Hormaechea (aunque ya existía otra carretera costera entre Argoños y Santoña, que podría haber sido ampliada). Según informan en la SEO, "con un presupuesto cercano a los 700 millones de pesetas, fue adjudicada a la empresa Montañesa de Obras (Monobra), cuyo máximo accionista es Manuel Blanco García, hermano del actual presidente de Cantabria". Monobra fue una de las empresas constructoras más favorecidas por el ex presidente Hormaechea, "mediante adjudicaciones directas, sin concurso ni publicidad". Una comisión parlamentaria investiga cómo pudo llevarse a cabo este tipo de adjudicaciones de obras públicas, cuyo montante total superaría los 20.000 millones de pesetas.

Polígono industrial

Otro de los mayores peligros que se ciernen sobre las marismas de Santoña, según la demanda de la CE ante el Tribunal de Luxemburgo, son los 235.000 metros cuadrados previstos en el programa municipal del alcalde de Laredo, José Ramón López Revuelta, sobre los que se instalaría un polígono industrial. Dicho polígono se implantaría sobre una parte de la marisma que habrá asimismo que desecar, con el visto bueno tanto del MOPU como del Ministerio de Defensa. Además continúan a ritmo acelerado diversos proyectos de piscicultura intensiva (como el que se prevé para la punta de San Jorge, y que traería la destrucción de la parte más vital de las marismas), una presión furtiva insostenible, el vertido de aguas residuales, varios basureros incontrolados y la construcción de un puente colgante entre Santoña y Laredo.El Senado aprobó en diciembre pasado por unanimidad, a propuesta del Grupo Socialista, una proposición no de ley por la que "se insta al Gobierno de la nación para que declare reserva natural a las marismas de Santoña" El actual Gobierno regional ha llevado al Parlamento cántabro otra propuesta de reserva natural para una franja de 600 metros periférica a la que aprobase el Gobierno central.