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Editorial:

Aprender a consumir

EL APRENDIZAJE de una cultura del consumo en España se hace, lamentablemente, a base de sustos, cuando no de tragedias. El milagroso encogimiento de un bisté en la sartén, tras una evacuación sorprendente de líquidos, merece a lo sumo un chiste doméstico. Hace falta que se descubra una red de tráfico clandestino de anabolizantes para el ganado para que se termine la broma y la Administración haga buenos, y a menudo infructuosos, propósitos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades de represión del fraude. Y cuando estalla un escándalo sobre manipulaciones en algunas cárnicas, el consumidor desprevenido se convierte, durante una semana, al vegetarianismo, no por una decisión dietética, sino por el infundado temor de que todos los carniceros le engañen.La incorporación de España a la CE está obligando a abandonar la la histórica dejadez política que la Administración ha arrastrado sobre esta cuestión. El cumplimiento de las directivas comunitarias es una escuela muy importante para los poderes públicos españoles, tan a menudo regañados por las autoridades comunitarias en esta materia. Mientras España no se homologue plenamente con la CE en la protección del ciudadano consumidor, perdurará la tentación de algunas personas o empresas a hacer negocio con la chapuza o a costa de la salud del ciudadano.

Es incomprensible, por ejemplo, que las multinacionales de la hamburguesa hayan retirado en Estados Unidos la grasa animal de sus frituras y aguarden para hacer lo mismo en España a que una denuncia, más o menos exacta en sus fundamentos, sobre la higiene de sus bocadillos provoque un retraimiento del público. Sea o no legalmente punible, es indefendible que se dé a la clientela española lo que rechaza la norteamericana.

Otro caso reciente, y más trágico, de este mercado innoble es el del cemento aluminoso. Con una patente francesa, una industria cementera vendió en los años sesenta toneladas de este material a constructoras que lo utilizaban para la fabricación de viguetas en los edificios. El cemento aluminoso fragua más rápido y, por tanto, aceleraba la construcción de viviendas en unos años de demanda exorbitante. Hace unos meses, el hundimiento de una de esas viviendas en un barrio barcelonés destapó el grave problema de ese rentable cemento: su fragilidad y fácil deterioro. No era una sorpresa; ya en 1943 Francia lo prohibió para usos en estructuras arquitectónicas, y, sin embargo, 20 años después, en España se admitía su aplicación masiva. Al margen de que debe fijarse sobre quién recaen las responsabilidades de aprovechar este vacío legal, la distinta reacción de una Administración y otra -en el caso español, la franquista- demuestra los años de retraso que España arrastra en la cultura del consumo. No sólo hacen falta más leyes, sino que se cumplan y que su infringimiento acarree la suficiente pena como para hacer desistir a los delincuentes sociales. Y hace falta que el ciudadano sepa que está protegido, que puede organizarse como consumidor para exigir esta protección y que la lucha por la calidad de vida no es una lucha menor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de enero de 1991