Rompecabezas administrativo

La discusión entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Ministerio de Agricultura por ver quién corre con los 700 millones de la derivación Tajo-Segura hacia las Tablas pone de manifiesto las diferencias entre ambos ministerios sobre la conservación medioambiental en España. Según Carlos Martín Novella, asesor de la CE, "causa preocupación en medios europeos la dispersión de las competencias medioambientales españolas al menos entre 17 diferentes organismos, renglón aparte de las competencias autonómicas".En este sentido, la interpretación acerca de cómo se aplicará en España la Estrategia Mundial de Conservación años noventa, recientemente definida en Perth (Australia) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (lUCN) por parte de altos funcionarios de Agricultura y del MOPU es significativa. Para José Antonio Herrejón, subdirector general del leona, "las conclusiones llevan a estos tres puntos: perseverancia en la lucha contra la erosión; mantenimiento de los planes forestales en curso y el apoyo español a la directiva de hábitats".

Esta directiva consiste en el establecimiento de una red de protección complementarla a la de los espacios protegidos. Fuentes de la CE han acusado a España de ser, junto al Reino Unido, el principal obstáculo para su aprobación. Según José Muro, subdirector de Medio Ambiente, dependiente del MOPU, "España nunca se ha opuesto a ella, sino que la apoya como filosofía necesaria; pero debemos esperar a que tenga un mayor grado de madurez, tenga en cuenta los matices regionales y prevea los necesarios fondos económicos para ponerla realmente en práctica".