Crece el malestar en las universidades por la evaluación de la investigación de los profesores

Grupos de profesores de diversas universidades y algunas juntas de gobierno han expresado a las autoridades ministeriales el malestar reinante entre los docentes por los resultados de la evaluación de su actividad investigadora. El clima de preocupación tuvo su reflejo en el pleno del Consejo de Universidades de ayer, en el que se discrepó sobre si son muchos o pocos los profesores que obtuvieron evaluación positiva. La mayoría de los rectores consideran que son pocos. Por su parte, el ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana manifestó su optimismo ante dichos resultados.

Desde que el pasado 12-14 de noviembre se conocieran los primeros datos generales de la resolución de la comisión nacional encargada de evaluar la actividad investigadora del profesorado universitario, el malestar inicial de un amplio sector de los docentes ha ido en aumento. Inmediatamente empezaron a circular por los centros universitarios listas de profesores evaluados negativamente, aunque la comunicación de los resultados es privada.La creciente inquietud se ha trasladado a las juntas de gobierno de las facultades y en estos momentos comienza a llegar a las de las propias universidades, a las que el profesorado exige una toma de postura institucional. Este ha sido el caso de las universidades de Córdoba y Complutense de Madrid.

Desmoralización

El rector de esta última, Gustavo Vilapalos, dirigió un escrito al secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Rojo, en el que le informaba del "descontento" y la "desmoralización" del profesorado puestos de manifiesto en la última reunión de la junta de gobierno de dicha universidad.En su respuesta, el secretario de Estado reconoce que muchos rectores le han trasladado su inquietud, y recuerda que cada profesor puede solicitar información adicional a la comisión evaluadora acerca de su caso particular y, tras la respuesta de aquélla, también individualizada, interponer recurso de alzada.

Fuentes universitarias aseguran que algunos sindicatos están recomendando a los profesores afectados que no soliciten información adicional alguna y que se limiten a formular de inmediato el recurso. Por su parte, la junta de gobierno de la Universidad de Córdoba ha denunciado la "parcialidad e injusticia" del procedimiento que se ha seguido en la evaluación de sus profesores (Ver EL PAÍS del pasado día 17 en sus ediciones nacional y de Andalucía -página 5 del súplemento-).

El acuerdo de la universidad cordobesa apuntaba la posibilidad de "adoptar medidas que afectarían al normal desarrollo de la actividad docente e investigadora". La cuestión figuró en el orden del día del pleno del Consejo de Universidades de ayer, aunque cuando el ministro Solana dialogó con los periodistas el asunto no había sido tratado aún por los rectores.

El ministro dijo que la media de solicitudes de evaluación por parte de los catedráticos de Universidad fue de 2,9 es decir casi tres escalones o periodos de actividad investigadora (cada escalón abarca seis años), y que la comisión nacional ha evaluado positivamente una media de 2,08, lo que supone la aceptación de algo más de dos escalones por término medio. Según el ministro, estos resultados permiten hacer un "diagnóstico positivo" de la investigación universitaria en España.

Cada escalón evaluado positivamente comporta la inmediata consolidación de un complemento salarial anual de unas 150.000 pesetas.

El pleno del Consejo que, entre otros asuntos, aprobó por unanimidad el proyecto de decreto sobre creación de universidades (ver EL PAÍS del pasado día 15), abordó la cuestión en la sesión de la tarde.

En ella, según informaron algunos de los asistentes, la mayoría de los rectores opinaron que el complemento salarial derivado de la evaluación positiva ha beneficiado a "pocos". Por el contrario, otros consejeros consideran que han sido "demasiados" los beneficiados. Entre los que así piensan se encuentra el profesor Francisco Indurain, miembro del máximo órgano de coordinación de la enseñanza superior por designación del Senado.

Las críticas más duras a la evaluación fueron las de Vicente Camarena y Javier Pérez Royo, rectores, respectivamente, de las universidades de Zaragoza y Sevilla. Pérez Royo dijo que en su universidad hay un "fondo de irritación notable porque la evaluación no ha sido correcta y un porcentaje elevado de su profesorado se ha sentido agraviado".

El rector de Sevilla planteará hoy, en la Junta de Gobierno de su universidad, la propuesta al Consejo de Universidades de que se revise el trabajo de la comisión y se analicen detenidamente todos los recursos presentados por los profesores. Sin embargo Pérez Royo precisó: "No discuto políticamente el trabajo de la comisión evaluadora. Esta precisión de Pérez Royo coincide con el espíritu del acuerdo final adoptado por el pleno del Consejo, por el que se da un apoyo total a la política ministerial de "evaluación diferenciada" de la actividad investigadora del profesorado.

Solana dijo que el decreto de creación de universidades mantiene la incompatibilidad entre la docencia en una universidad privada y la condición de funcionario en activo de cuerpos docentes universitarios.