Una ley facilitará el mecenazgo empresarial
Las exenciones fiscales ayudan, pero no son determinantes para el desarrollo del patrocinio cultural
La ley no será la panacea, no será el elixir mágico que curará las graves patologías que sufre el patrimonio arquitectónico ni la pócima que moverá a los empresarios a verter ríos de dinero en el teatro, el cine, la música o la literatura. Y ello es así por dos motivos, a los que, con distintos matices, aludieron algunos de los participantes en el Congreso sobre Patrimonio Cultural y Mecenazgo celebrado recientemente en Barcelona.Primer motivo: "La existencia o no de exenciones fiscales no determina la actividad económica", señaló, entre otros expertos, el secretario general técnico del Ministerio de Cultura, Borja Puig de la Bellacasa; "el patrocinio", agregó, "se ejerce más en función de intereses empresariales -publicidad, promoción de imagen de marca, sintonía con las demandas del entorno social- que estrictamente económicos". Un buen ejemplo de ello es lo que ocurre en Italia, donde, pese a existir menos beneficios fiscales que en España, las cantidades destinadas por las empresas al mecenazgo cultural -unos 75.000 millones de pesetas en 1986- superan a las de los restantes países de la CE.
Las empresas italianas -y las españolas o francesas- valorarían más, según esta tesis, el incremento en la estima social que podría proporcionarles la restauración de un monumento o de un cuadro especialmente significativo para los habitantes de la zona en la que distribuyen sus productos, por ejemplo, que la bonificación fiscal que por este gasto pudiera corresponderles. Y estarían más interesadas en asociar su imagen de marca -o un determinado producto- a un gran pintor, a una primera figura de la lírica o a una estrella del pop que el descuento en sus impuestos que pudieran obtener por la inversión efectuada en apoyo de los acontecimientos protagonizados por aquéllos.
Un empresario en la 'tele'
Y no por excepcional -o quizá no tanto- resultaría menos plausible que algunos empresarios, como el francés G. Monin, encontraran en el patrocinio cultural una excelente vía de acceso a determinados ambientes sociales o de acercamiento al poder "Yo no era nadie", afirmó Monin en un encuentro sobre mecenazgo celebrado en Téramo (Italia) "Pero ahora", agregó, "desde que hemos creado la Colección Monin de arte contemporáneo [formada por una treintena de obras de autores que no enumeró], me llaman regularmente desde la radio y la televisión, y mi trato con las autoridades de las ciudades [Grenoble, Lyon o Nimes, entre otras] en las que operan mis empresas -y en cuyos museos están depositadas las pinturas- es más fluido". "A los empleados de mis empresas", concluyó Monin en su apasionada defensa del patrocinio cultural, "no les importa que gastemos parte de los beneficios en obras de arte, al contrario. Ellos saben que estoy aquí, contando lo que hacemos, y están orgullosos".Pero el empresario Monin, así como sus, colegas italianos o españoles, no haría -ni hace- ascos a la idea de complementar los beneficios derivados del patrocinio cultural con un descuento en sus impuestos. Descuento o bonificación que ya prevé la normativa vi gente en España aunque, según coincidieron en señalar algunos de los asistentesal congreso de Barcelona, resulte "poco adecuada e insuficiente". En la primera parte de la crítica, es decir, en la afirmación de que la legislación actual resulta confusa y dispersa, parece estar de acuerdo el Gobierno, dado su compromiso de presentar un nuevo texto al Parlamento. Un texto cuyo principal objetivo no será el de establecer nuevas posibílidadesd de deducción fiscal -aunque algunas habrá-, sino el de clarificar y agrupar las ya existentes en un solo cuerpo legal, según informó durante el congreso Puig de la Bellacasa.
Agrupar, clarificar, pero no ampliar, al menos de forma significativa -y éste es el segundo de los motivos por los que la nueva ley no será la panacea-, constituyen los objetivos del Gobierno, que, entre otras razones, se justifican, según Puig de la Bellacasa, en el hecho de que los mecanismos de bonificación fiscal que la normativa vigente ofrece a las empresas "son poco utilizados". Hecho que se produce, en unos casos, por el poco conocimiento que se tiene de la existencia de las mencionadas normas y, en otros, por la reticencia de los eventuales beneficiarios de su utilización. Entre las primeras figura, por ejemplo, la ley sobre publicidad, que permite deducir íntegramente como gasto las cantidades destinadas al patrocinio. Y entre las segundas se encuentra, entre otras, la ley del patrimonio histórico español, poco utilizada, al parecer, por la reticencia de algunos propietarios de piezas importantes a informar de su existencia a la Administración.
Previsiblemente, la nueva ley no romperá estas barreras, que, por encima de los intereses privados, tienen el objetivo de luchar contra el expolio y la exportación ¡legal del patrimonio histórico, pero sí facilitará la actuación de los patrocinadores. Siempre, claro está, que llegue a ser una realidad, porque la mayoría de los asistentes al congreso de Barcelona, víctimas de sucesivos desengaños, aludieron al compromiso adquirido por el Gobierno de remitir el proyecto al Congreso a finales de año o a principios de 1991 con el popular refrán "si no lo veo, no lo creo".
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