Insatisfactoria, insuficiente, injusta

Con cierta esperanza, aunque también con el natural escepticismo que da la experiencia, se esperaba el último congreso del PSOE en los medios progresistas, preocupados por los numerosos problemas que tiene el desarrollo de la legislación sobre el aborto en nuestro país. El resultado no ha podido ser más insatisfactorio.Se elude el punto principal del problema, y es que la legislación actual ha demostrado ser obsoleta. A estas alturas, decir que se va a hacer una encuesta para ver los problemas que tiene la aplicación práctica del aborto en nuestro país es casi un insulto: que pregunten a los ginecólogos de Pamplona, a los de Málaga, a los de Salamanca, Vallalolid, Asturias, etcétera, es decir, que lean la prensa o se acerquen a los juzgados y se enterarán de los juicios celebrados o pendientes, de las mujeres que se han visto puestas en la picota por intentar acogerse a una legislación raquítica, de las condenas a médicos e incluso a mujeres, de quienes tienen que continuar viajando de un sitio a otro en busca de una solución a un embarazo no deseado, de juicios convertidos en seudocongresos médicos en que se discuten dosis de radiaciones y sus efectos teratogénicos, de las historias clínicas de los centros de planificación investigadas, etcétera.

Que miren un poco a esa sociedad a cuyos problemas reales dicen querer acercarse y se enterarán que uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto, y que organismos de la CE y de la OMS han señalado la necesidad de dar soluciones.

¿Por qué insuficiente? Porque no responde a las necesidades de la sociedad. Porque no asegura a las mujeres la libre y responsable decisión en un tema tan crucial como éste, quedando en manos de los criterios de los médicos y los jueces; porque tampoco establece mecanismos de seguridad jurídica de los profesionales ni regula la objeción de conciencia de éstos, y, en fin, porque no asegura su cobertura por el sector sanitario público.

Discriminación

Las injusticias son, por otro lado, patentes. La legislación actual sigue discriminando a las mujeres que viven en determinadas comunidades autónomas, que poseen menos medios económicos (y no pueden acceder al sector privado) y que tienen menor nivel cultural. Pero es más: penaliza al sector profesional que se ha querido comprometer en la defensa de los derechos de las mujeres y que se ve sometido a persecución judicial, además de la marginación profesional.

En este contexto, las resoluciones del 32º Congreso del PSOE son un paso atrás evidente. Se pretende negar lo obvio y aplazar la inminencia de adoptar soluciones; como en tiempos del conde-duque de Olivares, se crea una comisión para no afrontar el problema. Sin embargo, la realidad no por negada dejará de existir, y las mujeres españolas y los ginecólogos dispuestos a realizar abortos continuarán con el mismo calvario. Hora sería ya de que todos los responsables de esta situación se decidieran a darle una salida razonable a la misma y se hiciera una nueva legislación que pusiera en marcha un sistema de plazos, regulase la objeción de conciencia de los profesionales y asegurase la cobertura por el sistema sanitario público. De no ser así, los sucesivos congresos del PSOE tienen tema para rato, o quizás, como sucede con casi todo, están esperando que llegue 1992 para solucionarlo definitivamente.