Vetada la ley argentina que eximía del servicio militar a los familiares de desaparecidos

La decisión del poder ejecutivo, a cargo del vicepresidente Eduardo Duhalde, de vetar la ley por la que se eximía del servicio militar obligatorio a los hijos y hermanos de personas secuestradas y "desaparecidas" durante la dictadura militar ha provocado la reacción de la oposición y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los legisladores radicales y de los bloques disidentes del peronismo coindieron en que se trata de "una nueva muestra de obsecuencia del poder ejecutivo al poder militar y de desprecio por las víctimas de la represión". El argumento del Gobierno, que se basa en la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, fue considerado un "sofisma" por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. "De hecho", advierte ésta, "los hijos y hermanos de desaparecidos son distintos al resto. Esa desgraciada diferenciación la estableció el Estado represor".Duhalde reconoció que "no había estudiado en profundidad" la ley y que la vetó a petición del Ministerio de Defensa. El proyecto ya había provocado la oposición de las Fuerzas Armadas cuando se debatió en el Parlamento. Lo que subyace en la discusión es la reivindicación que los militares esperan de lo que ellos valoran como una victoria en la llamada "guerra sucia" que desataron contra la guerrilla.

El veto firmado por Duhalde advierte que la ley sólo puede reconocer la categoría de "desaparición con presunción de fallecimiento". De esta forma, el Ejecutivo ignora la documentación reunida en el juicio a las Juntas Militares, donde se probó la desaparición forzada de personas, y la ley de 1987, que concedió pensiones a los familiares de los desaparecidos. "Aceptar la presunción de fallecimiento es legalizar el crimen", opinan las Madres de la Plaza de Mayo. Las Madres se oponían también a la ley porque no están de acuerdo con ese supuesto "privilegio".