Las obras de arte deberán disponer de un "pasaporte" en 1993 para circular por Europa

Las piezas del patrimonio cultural de cada país de la Comunidad Europea deberán disponer de un pasaporte para circular libremente a partir de 1993, si se acepta la propuesta realizada por España para garantizar la protección de las obras de arte y de otros bienes de interés cultural tras la supresión de las fronteras intracomunitarias. El proyecto, presentado en la reunión informal de ministros de Cultura de la CE celebrada anteayer en Roma, será analizado por un grupo de expertos en materia cultural y de aduanas que iniciará sus trabajos a finales del próximo mes de noviembre en Madrid.

Para convencer de la bondad del sistema a los países más reticentes, el ministro de Cultura español, Jorge Semprún, recordó a su interlocutor alemán , por ejemplo, que todos los ciudadanos de Alemania tienen derecho a viajar, aunque para hacerlo "necesitan un pasaporte". Semprún comentó durante la reunión que un sistema similar al que propone para las obras de arte ya rige actualmente en el caso de las especies vegetales y animales protegidas, que "sólo viajan por el mundo provistas de su correspondiente certificado"."El aduanero de Nueva York no tiene por qué saber que la gacela que llega es de tal o cual subespecie", abundó el ministro para defender su postura frente a quienes opinaban que el sistema español obligaría a los aduaneros a conocer la legislación de múltiples países. "La gacela llega con un certificado que le permite viajar y viaja. Sencillísimo", apostilló Semprún quien comentó que 1o de las gacelas gustó mucho" a los demás ministros.Metáfora

El término pasaporte fue utilizado por Semprún "como metáfora" para hacer comprender, con un ejemplo común a todos los países, el fondo de su proyecto, que prevé, en realidad, que la circulación de los bienes integrantes del patrimonio nacional de cada país deba autorizarse a través de la emisión de un certificado. Documento que, según el modelo vigente ahora en España (que en sus fundamentos básicos coincide con el propuesto a la Comunidad), exige para su obtención determinados requisitos e incluso permite al Estado en algunos casos comprar las piezas que se pretende exportar. Entre estos requisitos figura, para el caso de las exportaciones temporales, el de informar a la Administración sobre dónde va a estarla pieza y sobre cuándo y en qué condiciones va a ser devuelta a su origen. Semprún utilizó otro ejemplo para subrayar que el modelo español no es un obstáculo para la circulación de las obras de arte. "De las 50 piezas de Miró para las que un galerista solicitó el correspondiente certificado de exportación, sólo se declararon inexportables tres, que, por otra parte, fueron adquiridas por el Estado", dijo el ministro.

"Lo que nos proponemos", subrayó Semprún, "no es restringir la circulación, sino impedir que se haga lícita una circulación que ponga en cuestión el patrimonio y una serie de valores y simbologías culturales". "Hay que impedir", agregó, "que lícitamente se pueda entrar a saco en cualquier patrimonio, que lícitamente se pueda vender y que lícitamente se pueda sacar [una obra de arte] de la comunidad para que esté en la caja fuerte de algún banco japonés".

La propuesta inicial de la Comunidad ante la libre circulación de obras de arte a partir de 1993 fue calificada por la delegación española de "abusiva e improcedente", ya que proyectaba señalar, según criterios de valor económico o de antigüedad aplicables de forma homogénea a todos los paíse s comunitarios, qué piezas podían ser exportadas y cuáles no. Algunos países del sur, como Italia y Francia, se alinearon con la tesis española para afirmar, como además señala el artículo 36 del Tratado de Roma, que la decisión sobre qué bienes integran el patrimonio nacional compete exclusivamente a cada país. Actualmente todos los miembros de la comunidad aceptan ya esta tesis. El problema radica ahora en lograr un nuevo acuerdo para la implantación de un mecanismo que sustituya el control que se ejerce en la actualidad a través de las fronteras.

La propuesta española ha sido acogida con reticencia por algunos países, sobre todo por Alemania y Gran Bretaña. "Lo que nos separa de estos países", explicó Semprún, "es el temor que tienen a que se establezca una administración comunitaria supranacional que dictamine normas homogéneas y en consecuencia, de aplicación a toda la comunidad. Y temen que esas normas pongan restricciones a algo tan vital para ellos como la libertad para la circulación de bienes".